lunes, marzo 18, 2024

Paulo Freire y la revolución | con Frei Betto

Por qué no hay un acto único este 24 de marzo


Desde el inicio del debate al interior del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) de cara al próximo 24 de marzo, frente a la propuesta de la “mesa de organismos de derechos humanos” (kirchneristas) de llevar adelante un acto unificado, desde el Partido Obrero planteamos la necesidad de garantizar un acto independiente de todos los que han gobernado nuestro país.
 Si bien nuestra posición fue minoritaria y la mayoría de las organizaciones del EMVyJ buscaron la realización de un acto común, defendimos el planteo de un acto independiente. El propio EMVyJ hizo un llamado público a realizar un acto en común, donde cada espacio pudiera expresar sus denuncias, su caracterización y su perspectiva frente al actual gobierno de Milei (“un acto, dos documentos”). 
 Esto no fue casual, ya en 2016, con la asunción del gobierno de Macri hubo un operativo por parte del kirchnerismo para arrear a un conjunto de organizaciones detrás de la consigna “Hay 2019”. En ese entonces, también hubo una presión enorme de distintas organizaciones del kirchnerismo y de la prensa afín para un acto único con un requisito excluyente: el EMVyJ no podía leer documento alguno, en aquel acto solo podía leerse un documento denunciando al gobierno de Macri y planteando el recambio electoral pejotista de cara… a 3 años. El EMVyJ rechazó el intento de mordaza y censura previa, y desarrolló su acto independiente. Como consecuencia de este proceso, algunas de las organizaciones que formaban parte del Encuentro se fueron y posteriormente integraron el gobierno pejotista de Alberto Fernández (PCR, Liberpueblo, entre otras). 
 En dichas reuniones entre ambos espacios, varios integrantes del EMVyJ advertimos que no íbamos a callar frente a los atropellos a las libertades democráticas y los derechos humanos de ningún gobierno. ¡Nada más absurdo que un acto del 24 de marzo sin libertad de expresión! Por lo tanto, no iba a dejar de estar presente la denuncia contra Milani a cargo del Ejército, contra Sergio Berni por toda su política represiva (Facundo Astudillo Castro, Guernica, el gatillo fácil); ni el reclamo de justicia por Maxi y Darío, ni por Mariano Ferreyra; ni el pedido de aparición con vida de Julio López; ni la denuncia del saqueo ambiental y la entrega que han hecho los distintos gobiernos democráticos; ni dejaremos de denunciar el pago de la deuda externa como el mayor saqueo nacional. 
 Las reuniones se fueron postergando y los días pasando. La repuesta unilateral por parte de la “mesa de organismos” fue contundente: “Ustedes hagan su acto, nosotros haremos el nuestro”. Así las cosas, queda claro sobre obscuro: el acto del 24 de marzo de la mesa de organismos volverá a ser un canto en favor del kirchnerismo planteándonos ahora que “hay 2027”, en la misma sintonía que tuvo la reciente carta de CFK. La mentada “más amplia unidad del campo popular” era en definitiva un arreo detrás del pejota, responsable de la gestión y el hundimiento del país sobre 16 de los últimos 20 años. 
 Si no hay un acto único este 24 de marzo es porque la condición que pusieron los organismos de DD.HH vinculados al kirchnerismo es que el acto fuera un operativo clamor de cara al 2027. 

No existen las fuerzas del cielo 

Las únicas fuerzas con las que cuenta el gobierno de Milei-Bullrich son las fuerzas represivas federales: la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria y la PFA. También existen otras fuerzas, las de las calles. Las de las organizaciones obreras, piqueteras, de mujeres, ambientalistas, de la cultura y las asambleas populares. Cada vez que la fuerza de nuestro pueblo se despliega en las calles no hay protocolo represivo ni fuerzas policiales que alcancen para detenerla.
 Descontamos que la movilización será masiva, porque es la continuidad de las movilizaciones que empezaron el 20 de diciembre convocadas desde el movimiento piquetero, el sindicalismo combativo y la izquierda y que se repitieron el 27 de diciembre en Tribunales y el 24 de enero en el paro nacional. Se fortaleció, además, en la lucha contra la Ley Ómnibus, la movilización del 1 de marzo y en la reciente movilización del 8M donde las mujeres volvieron a ganar las calles y se llevaron puesto el protocolo represivo de Bullrich. El hambre, el ajuste, la represión y las provocaciones del gobierno acicatean a nuestro pueblo. 

 Por un 24 de marzo masivo, independiente de todos los gobiernos 

Frente a un gobierno negacionista, hambreador y represor, este 24 de marzo tenemos que volver a ganar las calles para desarrollar un movimiento popular que enfrente y derrote el plan de ajuste de Milei, los gobernadores y el Fondo Monetario Internacional. Es el mejor homenaje que podemos rendirles a nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos.

 Eduardo Penello

Los ataques al pueblo del mega DNU que fue rechazado en el Senado


Una nueva crisis en el gobierno, una oportunidad para los trabajadores. 

 El Senado de la Nación rechazó el megadecreto emitido por el gobierno el pasado 20 de diciembre, a los 10 días de asumir Javier Milei la presidencia. La cuestión abrió otro frente de crisis interna en el oficialismo, con un comunicado de la Oficina del Presidente atacando duramente a Victoria Villarruel por habilitar un tratamiento que derivó en un nuevo revés para los libertarios. 
 El DNU 70/23 contiene una enorme cantidad de ataques al pueblo trabajador, motivo por el cual la misma noche en que fue anunciado se oyeron cacerolazos por todo el país. Flexibilización laboral, suba de los alquileres y las prepagas, despidos en el Estado y privatizaciones, remate de las tierras a magnates extranjeros, habilitación de los desmontes de bosques y humedales, son algunas de sus aristas. Trabajadores en lucha, Unidos por la Cultura, asambleas barriales y organizaciones populares se manifestaron frente al Congreso y fueron blanco de la represión policial. 
 Luego de haber sido publicado, el decreto -objeto de un fuerte rechazo popular que incluso dio origen a la formación de asambleas barriales en el Gran Buenos Aires- entró en un terreno movedizo entre numerosas presentaciones judiciales y la oposición de la mayoría de los bloques políticos. Por eso el oficialismo retrasó todo lo que pudo la conformación de la Comisión Bicameral que debía discutirlo, y recién tres meses después y habiendo comenzado el período de sesiones ordinarias permite que sea llevado al recinto de la cámara alta. Milei disparó contra la vicepresidenta por no seguir bloqueando el tratamiento, lo cual redundó en una doble derrota para el gobierno al dejar una factura expuesta.
 Entre los puntos centrales del DNU que quedaron suspendidos figura todo lo referido a la reforma laboral. Es que la Justicia hizo lugar a medidas cautelares presentadas por la CGT y la CTA contra el casi medio centenar de artículos contenidos en el Título IV, dentro del cual se cuenta el abaratamiento de los cálculos de indemnización por despido y de las multas a la patronales que precarizan a sus empleados, la extensión del período de prueba y de la jornada laboral, la habilitación de convenios individuales contra los convenios colectivos de trabajo y ataques al derecho a huelga, entre otros puntos. 
 También lograron fallos favorables decenas de personas, especialmente jubilados, que realizaron presentaciones ante los aumentos impagables en las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Es que el decreto habilita subas sin techo alguno, a la vez que arremete contra las obras sociales. Con razón, Claudio Bellocopit, de Swiss Medical, fue señalado oportunamente como uno de los mayores beneficiarios de las medidas.
 Igual de premiados fueron las grandes cadenas farmacéuticas con la autorización para constituirse en sociedades anónimas y contar con un profesional para varios locales, favoreciendo la expansión de franquicias como Farmacity, que forma parte del Grupo Pegasus de Nicolás Caputo, primo del ministro de Economía. El único punto positivo, que era la obligación de que los medicamentos sean recetados por el nombre genérico de la droga y no por la marca, fue dado de baja por el gobierno a pedido de los grandes laboratorios. Estamos a merced de un puñado de lobbies capitalistas. 
 Veamos. La derogación de la Ley de Alquileres no benefició a los inquilinos, ya que los precios para ingresar a un inmueble siguen subiendo por encima de la inflación y se promociona la firma de contratos en dólares, después de que la devaluación de diciembre hundiera los salarios. Esto da envión a los precios de venta de propiedades y de la tierra, para gracia de Elztain y los especuladores inmobiliarios. Tampoco dio ninguna mejora la política de liberalización de precios barriendo con la Ley de Góndolas y la de Abastecimiento, cuando el IPC sigue licuando los ingresos de los trabajadores y el gobierno fija techos salariales a través de la no homologación de los acuerdos paritarios. 
 Otra funcionaria con intereses directos es la canciller Diana Mondino, dueña del Banco Roela, que como el resto de las entidades del rubro salieron ganando con la posibilidad de cobrar por la apertura de cuentas sueldo y la eliminación de los topes en los punitorios por demoras en el pago de tarjetas de crédito; un guiño a los Santander y Galicia mientras arriman una privatización del Banco Nación. Las fintech como Mercado Pago ganaron con la desregulación en la emisión de tarjetas de crédito con cláusulas leoninas. 
 Las mineras recibieron la zanahoria de la liquidación de todo control sobre los pasivos ambientales, cuando estamos hablando de multinacionales como Barrick Gold y Livent con gruesos antecedentes de defraudar a la nación. Tendremos mayor contaminación, a la vez que con las modificaciones a la Ley de Bosques habilitan mayores desmontes y las hechas a la Ley de Manejo del Fuego permiten el cambio en el uso de suelo, en lo que es un incentivo a las quemas para que avance la frontera agrícola y los desarrolladores inmobiliarios, en un país que ya ahora está sufriendo inundaciones en las más diversas provincias. La misma orientación se ve en la derogación de las normas que limitaban la extranjerización de tierras, para incentivar la apropiación de latifundios como los de Lewis o Benetton en la Patagonia. 
 Hay en estos puntos una enorme cantidad de reclamos populares contra el plan de Milei y el FMI, que no quedan resueltos por esta votación adversa al DNU en el Senado. Ahora será tratado en Diputados donde se definirá su vigencia. Para que el rechazo el megadecreto abra lugar a que avancen las reivindicaciones de los laburantes tenemos que ganar las calles con un plan de lucha que parta de un paro activo nacional y asambleas de todos los sectores que están peleando, hacia una huelga general para enterrar estos ataques antiobreros. A preparar las batallas que se vienen. 

 Iván Hirsch

Super-PACS, super-«influencers»


Para entender los fenómenos políticos y sociales en América latina y en otros continentes, es imposible ignorar lo que ocurrió o está ocurriendo en Estados Unidos. Los ejemplos van desde diseños de agencias secretas, traspiraciones ideológicas de grandes compañías, manipulación de medios, redes y elecciones hasta decisiones judiciales. 
 Actualmente, según la Ley Federal de Campañas Electorales, las contribuciones están sujetas a ciertos límites. Por ejemplo, un ciudadano común no puede donar más de 3.300 dólares por elección. Una vez limitada la generosidad de gente común, la ley muestra sus debilidades por los lobbies. Uno de los actores de peso en la administración del poder social son los Political Action Committees (PACS) los cuales, como las iglesias, están exentos de pagar impuestos, pese a que su accionar gira entorno al gran capital. Exentos de pagar impuestos y exentos de revelar sus fuentes de ingresos. Libres para acosar a las instituciones―carajo.
 En 2010, la Corte Suprema de Estados Unidos (como en las últimas décadas, con una amplia mayoría de jueces elegidos por presidentes conservadores) falló en favor de Citizens United, otra “organización sin fines de lucro” a favor de los derechos de las grandes corporaciones. Su fundador, masón y admirador de Ronald Reagan, Floyd Brown, lo definió de forma sintomática: “Somos gente a la que no les importa la política; gente que desea que el gobierno los deje en paz; pero si su país los llama a luchar en el extranjero, lo hará con gusto”. Para este fanatismo anglosajón, las brutales intervenciones en otros países no son políticas ni son sobre intereses económicos, sino puro patriotismo y amor por la libertad―la libertad de la unión esclavista, representada en la bandera amarilla de la viborita que flamean con orgullo y pasión los colonizados en América latina. 
 Como toda organización conservadora y funcional a una elite oligárquica, su lema incluye la palabra “restaurar” y “volver a los buenos viejos tiempos”, todo en nombre del “we the people”: debemos “devolver el gobierno de Estados Unidos a los ciudadanos”, junto con la clásica narrativa que se chorrea hacia el sur desde hace un par de siglos: “reafirmar los tradicionales valores estadounidenses de un gobierno mínimo, de la defensa de la libertad de empresa, por una familia fuerte y por la soberanía y seguridad nacional”. La libertad irrestricta de los amos.
 En 2009, esta poderosa organización privada inició una demanda contra la Comisión de Elecciones Federales. Con cinco votos en nueve, la Suprema Corte mencionó la Primera enmienda y dictó que las megacorporaciones son ciudadanos y asociaciones de ciudadanos “participando en discursos políticos…”. Es decir, que una corporación multimillonaria o un señor multimillonario no pudiesen donar unos cientos de millones de dólares a un candidato al senado o a la presidencia iba contra la “libertad de expresión”. La decisión liberó múltiples restricciones y mantuvo una sola: los ultra millonarios no pueden donar sumas obscenas a los candidatos, si no es a través de fundaciones fachadas, conocidas como “sin fines de lucro” y diferenciadas de los PAC por el superlativo “super”: los super-PACS no tienen limitación de donación a grupos que promueven una determinada candidatura. Además, pasan a tener el derecho de hacerlo de forma anónima, lo que pasó a llamarse dark money (“dinero oscuro”). 
 Claro, otra vez, en el país de las leyes se hace todo legal. La corrupción ilegal, históricamente funcional a estas mismas transnacionales, es cosa de las razas inferiores (las culturas enfermas, la mentalidad subdesarrollada) de las colonias. Otra prueba irrefutable de la observación que hiciera a fines del siglo XIX Anatole France: “La Ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan”.
 Como suele ocurrir en una democracia como la de Estados Unidos, secuestrada por las corporaciones, los ciudadanos tenían otra opinión. A principios de 2010 una encuesta de ABC y The Washington Post reveló que el 80 por ciento de los estadounidenses se oponía a la eliminación de trabas y límites en las donaciones a los políticos propuesta por Citizens United. Obviamente, nada de eso importa ni tiene algún efecto legal. Cinco votos en nueve decidieron el destino de 320 millones de estadounidenses y, por extensión cultural e ideológica, de gran parte del resto del mundo.
 Desde entonces, hubo varios intentos para al menos revelar la identidad de los superdonantes. Uno de los más recientes fue una ley aprobada por el estado de California, la que pretendía obligar a revelar el nombre de los donantes multimillonarios a causas políticas. La demanda contra la ley fue impulsada por la fundación Americans for Prosperity, otra “organización sin fines de lucro” exenta de impuestos y fundada por el multimillonario Charles Koch y su hermano David Koch, y por el grupo conservador Thomas More Law Center. Naturalmente, el 0,01 por ciento de los de arriba saben cómo hacerlo. La Suprema Corte determinó que la ley violaba el derecho de los supermillonarios, establecido en el fallo de 2010. La transparencia es una violación del derecho a la privacidad de los lobbies. 
 Estas prácticas son conocidas desde el siglo XIX, pero a partir del nuevo fallo de 2010, el negocio de la política se multiplicó. Veamos, por ejemplo, un caso entre cientos de empresas dedicadas a crear opinión pública, ahora con más impunidad que antes. Berman and Company, fundada por el lobista Richard Berman, es uno de los mayores conglomerados dedicados a la creación de opinión a través de la demonización o el enchastre de los adversarios de sus clientes. Aunque es una empresa privada con ganancias de decenas de millones de dólares, posee decenas de “organizaciones sin fines de lucro” que actúan como fachada, para su acción en el mundo mediático y para la recepción de donaciones y pagos. ¿Por qué? Porque, según las leyes que lograron aprobar estos mismos grupos de intereses especiales, las donaciones a los grupos “sin fines de lucros” se realizan en total y completo secreto. La ley protege la anonimidad de los donantes. Todo en nombre de la libertad. Rick Berman, abogado especializado en relaciones laborales, fundó “Enterprise Freedom Action Committee (Comité de Acción por la Libertad Empresarial)”, una organización de derecha, dedicada al astroturf (ver capítulo “Relaciones sociales y astroturfing” en Moscas en la telaraña), es decir, a crear “movimientos populares” falsos desde arriba, para servir los intereses de los de arriba. Berman inventó el “Center for Consumer Freedom”, “American Beverage Institute” (en favor del consumo de alcohol), “Employment Policy Institute Foundation” (para beneficiar a los obreros), “Center for Union Facts” (para educar a los trabajadores sobre los males antidemocráticos de los sindicatos), entre otras organizaciones gremiales y proletarias.
 El 30 de octubre de 2014, el New York Times publicó una confesión del poderoso señor Berman a un micrófono abierto: “La gente siempre me pregunta: ¿Cómo sé que no seré descubierto, que lo que hago tiene una intencionalidad política? Es que todo lo que hacemos lo hacemos a través de organizaciones sin fines de lucro, las que están protegidas de cualquier obligación de revelar quiénes son sus donantes. Existe un anonimato total. La gente no sabe quién nos apoya”. También dejó escapar algunos consejos para manipular la opinión pública: “Se debe usar el humor para desacreditar o marginar a nuestros adversarios”. Como sabemos que el humor ya casi no existe en las redes sociales, a lo que seguramente se refería el nuevo Bernays era a la ridiculización del adversario. “Algunos dicen que somos helicópteros negros… En parte tienen razón. Nuestro trabajo es atacar la capacidad de operación de nuestros adversarios”, reconoció Berman. 
 La libertad de presión se llama libertad de expresión y no incluye el derecho a saber. 

 Jorge Majfud | 06/03/2024

Milei, las “amas de casa” y el intento de barrer con las moratorias jubilatorias


El presidente sostuvo que "ser ama de casa es una elección personal" y que las jubilaciones tendrían que ser diferenciadas entre "mamá que fue ama de casa y papá que trabajó". 

 En una entrevista televisiva, el presidente de la nación, Javier Milei Camila García, afirmó que “ser ama de casa es una elección personal” y que las jubilaciones tendrían que ser diferenciadas entre “mamá que fue ama de casa y papá que trabajó”. Con esto, Milei desconoce el trabajo super explotado y no remunerado que hacen la mayoría de las mujeres en sus hogares, los 7 días de la semana durante las 24 horas del día, haciéndose cargo de las tareas de limpieza, de la cocina, de los niños y de los adultos mayores, entre otras labores precarizadas y embrutecedoras. La identificación del trabajo doméstico con las mujeres es producto de un régimen social que les carga la tarea fundamental de garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, sin pagar nada a cambio. Es responsabilidad del Estado y los capitalistas, que se valen además de esta desigualdad para imponerles menores salarios y superexplotarlas. También es una ideología dominante apalancada por las iglesias, cuya concepción reaccionaria es impartida hasta en las escuelas. 
 Estamos ante un gobierno profundamente misógino y antiderechos que, luego de montar provocaciones amenazando con eliminar la ESI y el aborto legal, ahora busca arrebatarle a las mujeres, que trabajaron toda su vida sin remuneración y sin derechos laborales, la única manera que tienen de jubilarse: una miserable moratoria que no llega a cubrir ni la canasta de indigencia y que consta de que cada trabajador pague sus propios aportes. 
 “Hay que hacer una separación entre lo que es una asistencia y contención, y las jubilaciones porque queda degradado el concepto de jubilación”. El Ejecutivo quiere que millones de mujeres dejen de percibir el haber mínimo, que no llega ni a la canasta de indigencia, para cobrar un plan social. Recordemos que hoy ya existe lo que se conoce como PUAM (pensión universal para el adulto mayor) y representa el 80% de una jubilación mínima. Esto es lisa y llanamente una condena al empobrecimiento. A su vez, este es otro paso más en la intención del Ejecutivo de eliminar las moratorias, un ajuste inhumano sobre todos aquellos quienes padecieron la informalidad laboral y en beneficio de las patronales precarizadoras. 
 Los funcionarios del gobierno buscan instalar desde el inicio que estos “jubilados ficticios” son la causa de una emisión monetaria extraordinaria, de lo que se deriva que ajustarles a ellos sería un aporte al combate a la inflación. No hay un gramo de verdad en estas afirmaciones. No son ellos quienes estafan a las arcas públicas, sino los empresarios que se ahorraron años y años de contribuciones patronales por medio de contrataciones precarias o sin registrar, mientras que los laburantes cobraban salarios inferiores a los de convenio. 
 En el caso de las mujeres que trabajaron toda su vida sin registrar como amas de casa, no hay perspectiva para ellas para avanzar en trabajos productivos, con obras sociales que respondan, ni permiso para la socialización con el resto de la sociedad, deberán conformarse con un plan social y, como ocurrió en el pasado, será utilizado por el oficialismo para avanzar en la generalización de ingresos asistenciales para toda la población trabajadora del país. 
 Sin ir más lejos, la Secretaría de Trabajo sigue sin homologar una decena de paritarias para que ninguna supere el techo que ellos quieren fijar, como es el caso de las Trabajadoras de Casas Particulares, habilitando a los empresarios a retacear aumentos pactados por las propias cámaras sectoriales con los sindicatos. 
 Está en juego, nada menos, que la defensa de las trabajadoras y de toda la clase obrera frente a una ofensiva capitalistas de características monumentales. Preparemos la huelga general. 

 Camila García

Texas: separación por diferencias culturales

domingo, marzo 17, 2024

Cúneo Libarona, otro zorro cuidando el gallinero


Defensor de narcotraficantes, violadores, asesinos y lavadores de dinero.

 El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “desmintió” a través de un tuit al editorialista de La Nación, Carlos Pagni, quien lo había señalado como defensor del narcotraficante Mameluco Villalba, condenado a 23 años de prisión. 
El ministro aclaró que la defensa en cuestión estuvo a cargo de su hermano, Matias Cuneo Libarona, quien trabaja en su mismo estudio pero en "otro piso". Pagni introdujo su denuncia en su editorial del programa Odisea, por LN+. Minutos antes, en el mismo canal, Cúneo Libarona era presentado como un adalid de la lucha contra el narcotráfico en el programa de Luis Majul. El ministro saltó a la fama en los 90 por defender a Amira Yoma en la causa por narcotráfico que se conoció como "Yomagate" y, posteriormente, fue defensor del comisario Ribelli en la causa AMIA, por cuyo entorpecimiento (escondió una grabación) estuvo detenido el mismo Cúneo Libarona durante 35 días. En este caso, aduce que la lejanía en el tiempo lo absuelve. 
 El prontuario del ministro es largo. Tuvo actuaciones más recientes como defensor del hampa en causas tan graves como tráfico de drogas, violación, asesinato, corrupción y lavado de dinero, muchas vinculadas al poder político, a las cuales renunció para asumir como funcionario del actual gobierno. Un somero repaso indica lo siguiente: 
 Defendió al ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, ya fallecido, condenado a seis años de prisión por narcotráfico en 2019. 
 Defendió al "Rey de la efedrina", Mario Segovia, en 2008. En el expediente del asesinato de Gonzalo Acro, figura como defensor de Alan Schlenker, ex barra brava de River Plate, quien resultó condenado por el homicidio en 2011. Representó al abogado Mateo Corvo Dolcet, quien estaba imputado por lavar dinero del narcotráfico colombiano. 
En la causa consta que había recibido un pago de la viuda del capo narco Pablo Escobar Gaviria y en 2018 pagó 10 millones de pesos para salir de prisión. Fue el primer representante del ex gobernador Alperovich en la causa en la que se lo acusa por la violación de su sobrina. 
 Fue abogado querellante de Horacio Homs, dueño de Abril Catering y señalado como presunto testaferro de Juan Pablo “Pata” Medina, en una causa contra funcionarios macristas acusados de persecución política contra la UOCRA. 
 Defendió también a los jueces Walter Bento, destituido por mal desempeño y procesado por sobornos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y Pablo Yadarola, en el expediente que investigó el viaje de jueces, exfuncionarios y empresarios a Lago Escondido.
 En la causa de la ruta del dinero K, defendió a directivos de Provalor, la financiera de donde salió al extranjero el dinero que se lavaba, según la investigación del juez federal Sebastián Casanello. También patrocinó a Roberto Erusalimsky, que fue procesado por el mismo juez cinco veces por la compra de un campo en Mendoza que pertenecía a Lázaro Báez. 
 En el caso de los cuadernos de las coimas, defendió a los empresarios Sergio Taselli y Hugo Eurnekián.
 Que el carácter de clase del régimen de Estado se evidencie en el nombramiento de sus funcionarios, no es exclusividad del gobierno de Milei, pero Cúneo Libarona exacerba la obscenidad.
 La representación recurrente de criminales de alta gama no es algo que pueda subsanarse esgrimiendo la importancia del derecho a defensa, ya que su nombramiento como ministro de Justicia lo coloca en ambos lados del mostrador. La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera son entes que funcionan bajo su ministerio y que deberían actuar como querellantes en causas en las que antes Cúneo Libarona era abogado defensor. Además, dicho sea de paso, el cargo puede ser considerado un ´atractivo´ adicional para contratar al estudio familiar en el que dice ya no trabajar, pero del cual todavía es titular. 
 Es otro zorro cuidando el gallinero, como Toto Caputo, operador de mesa de dinero devenido en ministro de Economía, o como todos los ejecutivos de empresas privadas que fueron nombrados para dirigir las empresas públicas que sus patrones pretenden comprar. 
 Del otro lado de la "grieta", algunos hacen el camino inverso, como Sergio Massa, que de ministro de Economía y de ser candidato a la presidencia por Unión por la Patria, pasó a trabajar para los saquedores de la deuda externa argentina. Fue contratado por Greylock Capital Management, un fondo buitre yanqui que tuvo un rol activo en la reestructuración de la deuda privada liderada por Martín Guzmán en 2020, que impuso cláusulas leoninas para la Argentina y que hoy se beneficia con las medidas libertarias de gobierno. 

 Luciana Diaz 
 14/03/2024

Explosión de casos de dengue en la Ciudad de Buenos Aires


La epidemia del dengue se está expandiendo en nuestro país, marcando un récord de 130.000 casos. La ciudad de Buenos Aires no es ajena a esta situación: ya está caratulada como de “riesgo alto”, lo que significa que hay presencia del vector con existencia de casos confirmados (con y sin antecedentes de viaje). Las guardias de hospitales y sanatorios privados se encuentran saturadas. 
 Según el Boletín epidemiológico de la Ciudad (BES 8/03/2023) , desde el inicio de la temporada 2023-2024 (del 2 de julio de 2023 al 8 de marzo de 2024) fueron notificados 11.123 casos. En relación a la evolución clínica, 277 casos requirieron internación y hay, hasta ahora, 3 personas fallecidas. 
 Es importante destacar que la temporada de dengue este año se adelantó, en relación con las anteriores, registrándose un aumento de casos desde las primeras semanas del 2024. La comuna 1 (que comprende a los barrios de Retiro, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) es la más afectada. 

 Colapsan las guardias 

El aumento de casos influye directamente sobre la demanda en los hospitales y sanatorios de la ciudad, donde la demanda de atención ha aumentado exponencialmente, colapsando las guardias. 
 Las filas comienzan temprano en la mañana y se extienden durante toda la tarde. Uno de los hospitales que percibe alta demanda es el Hospital Tornú (ubicado en el barrio de Parque Chas, comuna 15) que ha tenido filas de hasta dos cuadras. También hay un incremento de la demanda en el hospital Muñiz, ubicado en la zona sur de la ciudad. En sanatorios privados que, además de atender a prepagas, atienden obras sociales sindicales, como el sanatorio Anchorena, las guardias están saturadas con esperas de 6 , 7 horas para la atención. Esto es así porque además de la explosión de casos, las obras sociales unifican en algunos sanatorios la realización de los testeos para detectar el cuadro. Trabajadores y trabajadoras mencionan que no dan abasto, porque, además, se reduce el personal por la existencia de contagios dentro de sus propias filas. Ademys, sindicato docente, denunció “la situación gravísima que padecen las escuelas”. 

 Temporal, inundaciones y catástrofe anunciada 

Las lluvias ocurridas esta semana presagian un incremento de mosquitos, elevando el riesgo de contagios de la enfermedad. Las condiciones de infraestructura en las que se encuentran una cantidad de barrios de la ciudad, por ejemplo, las zonas donde se ha acumulado agua de las lluvias, demuestran que con sólo una campaña informativa no basta. En la Comuna 15, por ejemplo, esto se agrava por el abandono criminal por parte de los gobiernos de las obras del bajo viaducto del tren San Martín, un criadero de mosquitos a gran escala a la vera del barrio La Carbonilla. Otro tanto ocurre en el Playón de Chacarita, donde los vecinos denuncian el desmantelamiento de los equipos del IVC con una urbanización a medio terminar. La campaña de descacharrización (eliminar los elementos que puedan ser criaderos de mosquitos) en este cuadro no alcanza, porque no se garantizan las condiciones ambientales y sanitarias mínimas para el cuidado de la salud. Acceder a un repelente se hace cada vez más difícil, ya que su costo parte desde los $5.000.
 En una emergencia como esta, cuando además el coronavirus sigue circulando, el presupuesto destinado a salud es el mismo que el del 2023, en el marco inflacionario. El vaciamiento de la salud pública es un ataque a la clase obrera. Los hospitales públicos hacen frente al crecimiento de la demanda con graves problemas edilicios. El temporal ha provocado cortes de luz (Hospital Ramos Mejía) e inundaciones en algunos servicios (Hospital Durand). A su vez, en muchas áreas programáticas de los hospitales, el descacharreo y la recorrida por los barrios quedan a cargo de los promotores y promotoras de salud, quiénes están totalmente precarizados/as. Esto es una clara demostración del brutal ajuste que atraviesa el sistema de salud. 
 Es necesario oponer a esta política un programa para impulsar la prevención del dengue, reclamando la gratuidad de la vacuna, exigiendo la fumigación de escuelas y barrios de la ciudad, reforzando en las zonas más afectadas, campañas de descacharrización, provisión de repelentes de forma gratuita, incorporación de personal bajo convenio y con la regulación de todo el personal existente. Organicemos este reclamo en los barrios y centros de salud. 

 Soledad Domínguez 
 15/03/2024

El 30% de los alumnos de las escuelas privadas es pobre


Retrato de una crisis terminal. 

 Un reciente Informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que el 30 % de los alumnos de las escuelas privadas (consideradas en todos sus niveles de enseñanza) provienen de familias pobres; es decir, por debajo de la línea de pobreza trazada por el INDEC. La cifra refiere a los datos acumulados del segundo semestre de 2023 de 4325 hogares encuestados de distintos centros urbanos del país. Teniendo en cuenta la inflación de los meses transcurridos de este año, la fracción de estudiantes pobres en las escuelas privadas es de esperar que sea aún mayor, aminorado posiblemente por un desplazamiento hacia la escuela pública. 
 El mismo informe revela el crecimiento del porcentaje de niños/adolescentes “en situación de pobreza o indigencia” desde 2017 (de un 44 % a un 63 % de pobreza de 2017 a 2013 y de un 10 % a un 16 % en la indigencia). Además, un 5,2 % de los alumnos requieren algún tipo de ayuda estatal. El porcentaje de este sector es aún mayor si se tiene en cuenta que se calcula sobre el total de la población de niños y adolescentes escolarizados del país. Por último, el estudio señala que la distribución de gestión de escuela que eligen las familias es la siguiente: 80,70 % estatales, 12,60 % privada laica y 6,80 % privada parroquial. 
 La investigación no es ingenua, ya que un porcentaje de las escuelas privadas es confesional, por lo que un informe elaborado por la UCA y enviado al secretario de Educación Carlos Torrendell puede ser leído como un reclamo de sostenimiento de la educación privada. Según una de sus autoras, “ya enviaron el nuevo informe al secretario de Educación Carlos Torrendell (que viene de la UCA), para que no vuelva a repetirse que la ayuda vaya solo a las familias que mandan a sus hijos a las escuelas estatales” (Clarín,14/03). 
 El argumento de la “ayuda a la población vulnerable” fue recogido por la patronal educativa de la provincia de Buenos Aires (distrito donde la crisis del sostenimiento de las escuelas privadas es ostensible) en defensa de su salvataje por parte del Estado. Para Martín Zurita -Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA)– “el informe de la UCA refleja muy bien lo que pasa en las escuelas privadas de la provincia (…) Hay un sector que es el que ya está en la escuela económica y ahora no la puede sostener. Y ahí sí podría estar el Estado. Un apoyo económico para poder sostener esta matriculación” (Clarín,14/03). 
 Recordemos que en febrero, luego de los aumentos autorizados y el derrumbe salarial que impide el pago de las cuotas, el gobierno nacional había salido al rescate de los colegios privados con la prórroga hasta fin de año de la eximición del pago de contribuciones patronales y el anuncio de un programa de vouchers para la compra de útiles escolares y financiamiento de las cuotas. 

 Derrumbe educativo y privatización de la educación

La escuela privada argentina está fuertemente subvencionada por el Estado. Según datos de 2021 (lo últimos disponibles), por cada $100 que el estado destina por alumno, $55 son a alumnos de escuelas privada (Infobae, 9/11/23). Las escuelas que cobran aranceles están categorizadas en tres grupos según los porcentajes de subvención que reciben, cubriendo un rango de un 40 % a un 80 %. 
 El subsidio a la educación privada permite a los gobiernos de turno operar con presupuestos muy alejados de las necesidades educativas de su población y a las escuelas privadas sostener un margen de ganancia “razonable”. 
 El 30 % de familias pobres que recurren a la escuela privada que revela la UCA señala que una parte significativa de las familias trabajadoras recurren a la escuela privada ante el derrumbe de la pública. Por otra parte, la imposibilidad de pagar las cuotas, los cierres de escuelas privadas en PBA registrados en 2023, los reclamos de las patronales educativas de subvenciones y otros rescates del Estado, que acentúan la tendencia privatista, son síntomas de la imposibilidad de la sociedad capitalista en esta fase de sostener una necesidad básica como la educación; como muchas otras, claro. 

Alejandro Barton 
 15/03/2024

La larga crisis de Haití


La formación de un gobierno transicional es un operativo reaccionario impulsado por el imperialismo.

 A fines de febrero, las bandas armadas que dominan zonas enteras de Haití, incluyendo la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe, lanzaron una serie de ataques contra comisarías, comercios y aeropuertos con el propósito de conseguir el desplazamiento del primer ministro Ariel Henry (del PHTK, los “cabezas rapadas”). El punto más elevado de estas acciones fue el operativo sobre dos cárceles, que permitió la fuga de más de dos mil detenidos. 
 En un marco crítico, el lunes 13 se produjo una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Jamaica, con la presencia en persona del titular del Departamento de Estado yanqui, Antony Blinken, que instó a Henry –otrora aliado de la Casa Blanca- a dar un paso al costado y la formación de un consejo de transición que nombre nuevas autoridades.
 Desde Puerto Rico, donde se encuentra varado, debido a que los aeropuertos están cerrados, Henry acató la directiva estadounidense. Casi en paralelo, el gobierno de Kenia anunciaba la suspensión del despliegue de 1.000 policías en el país antillano, que había sido aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2023, hasta tanto se aclare el panorama. 
 Pero, al momento de escribirse estas líneas, no se habían completado todos los casilleros del gobierno transicional y, tras algunos días de relativa calma que siguieron al anuncio de dimisión de Henry, las bandas armadas asaltaron la residencia del jefe de policía y reemprendieron los ataques. 
 Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, el líder pandillero más importante de Haití, criticó la intromisión del Caricom (“nosotros los haitianos tenemos que decidir quién va a ser el líder del país y qué modelo de gobierno queremos”) y volvió a elevar su perfil político, al señalar que “también vamos a buscar cómo sacar a Haití de la miseria en que está ahora”. 

 Contexto 

Para poner las cosas en contexto, hay que señalar que las bandas armadas que ganaron tanto peso en la nación antillana crecieron en las barbas de la misión internacional de la ONU, la Minustah, patrocinada por Estados Unidos e instalada en 2004 -bajo el liderazgo de Brasil. En un comunicado de agosto de 2022, la OEA admitió que fue en ese marco que “fermentaron y germinaron las bandas criminales que hoy asedian al país y a su pueblo (…) y se gestó el proceso de desinstitucionalización y de crisis política que hoy vivimos”. Sostuvo, a su vez, que “los últimos 20 años de presencia de la comunidad internacional en Haití significan uno de los fracasos más fuertes y manifiestos que se haya implementado y ejecutado en ningún marco de cooperación internacional”. A pesar de ello, el imperialismo norteamericano alienta el desembarco de una nueva fuerza internacional, esta vez compuesta por los policías kenianos, con el propósito de afianzar sus intereses en la región. Vale recordar que Estados Unidos ocupó Haití entre 1915 y 1934. Y, posteriormente, apoyó las dictaduras de Duvalier padre e hijo, que se derrumbó en 1986. Es una larga historia de sometimiento.
 Las bandas armadas cultivaron buenos lazos con los gobiernos del PHTK. La de “Barbecue”, un exmiembro de la Policía Nacional, lo hizo con el gobierno de Jovenel Moïse, quien fue asesinado en 2021 y sucedido en el poder por Henry. 

 Crisis política

 Desde 2016, año en que el difunto Moïse fue elegido presidente, en Haití no se celebran elecciones. El parlamento quedó completamente acéfalo el año pasado. Henry, cuya ilegitimidad en el cargo era fuente de un gran repudio popular y protestas, venía dilatando la convocatoria electoral.
 Para materializar el consejo de transición, desde la Casa Blanca y el Caricom se propuso un loteo del poder entre los principales partidos y conglomerados empresarios. De los siete lugares con potestad de voto, las ofertas fueron para el Acuerdo 21 de diciembre (que respalda a Henry); Comprometidos por el Desarrollo (EDE, el partido del exprimer ministro Claude Joseph); el Acuerdo de Montana (coalición opositora que lleva ese nombre por el hotel en que vio la luz); Fanmi Lavalas (fuerza del expresidente Bertrand Aristide, depuesto en 2004); el Colectivo 30 de Enero (una liga que incluye al expresidente Michel Martelly); y la Cámara de Comercio. En tanto, el Pitit Dessalines del exsenador Moïse Jean Charles (que promovió muchas manifestaciones contra el gobierno de Henry) rechazó el lugar propuesto. Hay otros dos puestos con voz pero sin voto, que ocuparían el Reagrupamiento por una Entente Nacional y Soberana (REN) y un representante de la comunidad haitiana en el extranjero. La formación de este gobierno transicional es un operativo reaccionario impulsado por el imperialismo para seguir manteniendo bajo su férula a la nación antillana. 
 La miseria, desplazamientos forzados y masacres que padece el pueblo haitiano son males que solo pueden ser enfrentados con la organización y movilización, retomando el camino de los levantamientos de 2018 y 2019 contra las subas en los combustibles y el gobierno de Moïse. 

 Gustavo Montenegro

sábado, marzo 16, 2024

Reforcemos la campaña internacional por libertad a Laura Villalba


Presa política en Paraguay. 

Una delegación la visitó en la unidad carcelaria. El sábado 9 de marzo, desde Posadas, un grupo de compañeras de distintas agrupaciones viajamos a visitar a Laura Villalba, presa política en Paraguay, quien se encuentra en la unidad carcelaria de la localidad de San Juan Bautista. 
 Laura Villalba está detenida desde septiembre de 2019, cuando las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) de Paraguay ejecutaron a dos niñas de 11 y 12 años (Lilian y María Carmen Villalba) en el departamento de Concepción, en el marco de un operativo contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que fue celebrado públicamente por el entonces presidente Mario Abdo Benítez. Laura es incriminada bajo numerosos cargos, todos armados por el Estado para descargar sobre ella la responsabilidad de un crimen que cometieron las FTC. 
 Desde entonces, ha sufrido distintos regímenes de detención. Nos comentó que la están amenazando con un nuevo traslado, porque ella protesta ante las arbitrariedades a que es sometida; sufre requisas y mucho mayor control que el resto de las internas. Y cada traslado significa la ruptura de los lazos que pudo forjar con las demás internas y un deterioro de las condiciones de arresto. 
 Ningún miembro de la familia Villalba, residente en Argentina, puede ingresar al Paraguay pues serían detenidos. Por lo tanto, depende de la solidaridad de las distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales, una tradición internacional de la clase obrera, para recibir acompañamiento y ayuda en su situación. 
 Desde Posadas, un grupo de compañeras de distintas agrupaciones la va a visitar periódicamente. Esta vez, en un vehículo que proveyó la CTA Autónoma.
 Laura nos contó que quiere estudiar, pero esa unidad carcelaria no tiene convenios con ninguna universidad, por lo que desde la campaña de apoyo se está viendo cómo hacer para que tenga acceso a una carrera virtual. Es admirable la inquietud que tiene la compañera de continuar sus estudios, considerando que ya tiene un título de Licenciada en Enfermería en Paraguay y de Técnica en Enfermería en Argentina.  Es admirable su entereza, cada vez que la vemos somos las visitantes quienes salimos más fortalecidas. En nuestra marcha por el 8M, en Posadas, que realizamos tres días después por el paro de colectivos, estuvo presente el reclamo de libertada a Laura Villalba. 
 Reforcemos la campaña. 

 Virginia Villanueva

El gobierno vuelve con la Ley Ómnibus, con privatizaciones, desregulación y ajuste jubilatorio


Se difundió el texto del proyecto de normativa que Milei enviaría al Congreso. 

 El medio Ámbito divulgó el texto completo del nuevo proyecto de Ley Ómnibus del gobierno nacional para enviar al Congreso de la Nación, como parte das tratativas del Pacto de Mayo con los gobernadores. Con la reforma fiscal afuera, el gobierno pretende avanzar con mayor desregulación económica, privatizaciones, consagrar el ajuste a las jubilaciones y ofrecer beneficios extraordinarios para las patronales negreras. 
 El texto sale a la luz a menos de un día del golpe sufrido por el gobierno con el rechazo del DNU en el Senado, y en el marco de las reuniones del gobierno con los gobernadores para pactar las reformas antiobreras. En este marco, el nuevo proyecto no incorpora las medidas fiscales cuestionadas por los gobernadores, en defensa de los intereses de las patronales y capitalistas regionales. 
 Tampoco se integra el Impuesto a las Ganancias, el cual correrá por un proyecto paralelo buscado ampliar el horizonte de trabajadores afectados a casi un millón y medio de asalariados. Los “liberales” de La Libertad Avanza gravan a los trabajadores para pagar el ajuste, y preservan a los capitalistas y sus intereses. Ganancia es la ofrenda del gobierno para que los gobernadores apoyen la Ley Ómnibus y se avengan al Pacto de Mayo, lo que demuestra que estos no son ninguna alternativa al ajuste en marcha. 
 Entre las 177 páginas y 269 artículos del proyecto, el gobierno plantea la privatización directa de tres empresas del Estado (Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SA) y la privatización/concesión de otras nueve (Agua y saneamientos argentinos SA, Correo oficial de la república argentina SA, Belgrano cargas y logística SA, Sociedad operadora ferroviaria SE (sofse), corredores viales SA, Ycrt, Nucleoeléctrica argentina SA, Banco de la Nación argentina, empresa argentina de soluciones satelitales SA). 
 En materia jubilatoria, Milei pretende avanzar con una nueva fórmula de actualización de los haberes de forma mensual según la inflación publicada por el indec dos meses atrás, aplicable desde abril del 2024, con un 10% adicional –por única vez- en concepto de “recomposición” jubilatoria. Por esta vía busca cristalizar el ajuste precedente, condenando para siempre a los jubilados de la mínima a ingresos de indigencia. El proyecto oficial también insiste sobre la consolidación de la deuda intraestatal, pasando al Tesoro los 37.000 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, culminando uno de los mayores robos a los jubilados. 
 También se establece un mecanismo de “blanqueo laboral” con beneficios extraordinarios para las patronales negreras, las cuales se eximirían del pago de multas, sanciones y penalidades, mientras que al trabajador afectado se le reconocen derechos limitados (hasta 60 meses de aportes al valor del salario mínimo). 
 En materia de desregulación el Estado se faculta al Ejecutivo para modificar (reorganizar, fusionar, transformar, disolver parcial o totalmente) órganos y entidades creadas por ley, tanto de la administración central como descentralizadas, excluyendo universidades, Conicet e Inta, las cuales a su vez son afectadas por los recortes presupuestarios, cesantías y despidos. 
 Respecto a la desregulación económica se habilita al gobierno a la disolución de los Fondos Fiduciarios y el envío de los fondos comprometidos al Tesoro. Entre estos se encuentran aquellos que financias las becas Progresar, los créditos de vivienda Procrear, el consumo de garrafas de gas para los sectores más vulnerables, fondos para paliar los incendios forestales y para la protección e bosques nativos, asistencia a víctimas de violencia de género, etc. 
 El proyecto de ley preserva el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) del proyecto originario, con beneficios y garantías para los grandes capitalistas (exenciones impositivas, incentivos a la inversión, facilidades para la exportación, etc.). Un régimen a la medida de Techint y las grandes patronales. 
 La nueva (vieja) Ley Ómnibus de Milei vuelve a la carga con parte del paquete de medidas antiobreras del gobierno, para golpear en particular a jubilados y trabajadores, ampliar el ajuste sobre el gasto público y ofrecer garantías a los capitalistas: un proyecto menos ambicioso que el anterior, pero acompañado de presentaciones paralelas para reconstruir el “espíritu” ajustador del proyecto originario, comprando el apoyo de los gobernadores con impuestos que afectan exclusivamente a los trabajadores. 
 Un proyecto que tendrá que transitar aún la crisis política y vérselas con la movilización popular de los trabajadores, jubilados y las asambleas barriales. 

 Marcelo Mache

El impase económico y político de la “motosierra”


Antes del traspié político en el Senado, la 'semana económica' de Milei y Caputo había estado dominada por dos medidas que tomaron por sorpresa a los observadores financieros. La más notoria fue la decisión de bajar la tasa de interés que paga el Banco Central por el dinero que toma de los bancos privados –“pases”-. Al mismo tiempo, el gobierno eliminó la obligación a estos bancos de reconocer una tasa mínima a los ahorristas que ponen sus colocaciones a plazo fijo. Como consecuencia de ello, esa tasa de interés se desplomó al 70 % anual, lo que representa un rendimiento mensual que no llega ni a la mitad de la inflación presente. La reducción de los intereses, por lo tanto, implica una licuación de la deuda del Banco Central con los bancos privados; pero más fuertemente aún, es la pulverización de los ahorros privados colocados en pesos. A su manera, Milei-Caputo están cumpliendo con el pronóstico que tantas veces se formuló sobre la deuda del Banco Central –a saber, que ésta sólo podría eliminarse con un plan Bonex, o sea, con la confiscación de los ahorristas-. 
 Con vistas a la futura “competencia de monedas” que anuncia Milei, la reducción de tasas le asesta un golpe al peso argentino, pues promueve el traslado de colocaciones financieras de pesos a dólares, en sus diferentes modalidades. Como el gobierno carece de reservas suficientes para proveer a esa 'corrida', el resultado de la baja de tasas debía conducir a una suba de los dólares financieros y paralelos, que es lo que efectivamente ocurrió en los últimos días. El gobierno, en definitiva, actuó contra su propia orientación, que es la de “planchar” al dólar y favorecer un elevado rendimiento en divisas de las colocaciones financieras en el mercado argentino (carry trade). 
 A la luz de lo anterior, es claro que la leve recuperación del dólar –o devaluación del peso- de estos días ha sido promovida por el propio gobierno. Esta contramarcha se explica por las brutales distorsiones desatadas por la bicicleta financiera de estos meses: en primer lugar, el atraso cambiario y la inflación en dólares, que han anulado, virtualmente, el impacto de la devaluación sobre los precios (no sobre los salarios y jubilaciones, que han sido demolidos). 
 Es cierto que el gobierno podría contrarrestar la mayor demanda de dólares que resulte de un abandono del peso con los dólares de la cosecha gruesa. Pero el ingreso de ese “maná del cielo”, precisamente, entra en colisión con el atraso cambiario, y un posible almacenamiento de cereales hasta la llegada de otra devaluación. Esa decisión podría acentuarse, además, por la declinación de los precios internacionales. La reducción de la brecha cambiaria de estos meses–entre los dólares financieros y el comercial-, que el gobierno celebra todo el tiempo, ha fruncido el ceño de los exportadores agrarios, que reciben por sus despachos un mix entre uno y otro tipo de paridad (y consiguen por lo tanto una ventaja cuando el dólar financiero se dispara). 
 La deflación del dólar constituiría para el gobierno una victoria si, como resultado de ello, pudiera declarar enseguida la liberación del mercado cambiario (fin del cepo). Pero no cuenta para ello con un colchón suficientemente importante de reservas internacionales. Milei acaba de confesar esta imposibilidad, al asociar un eventual levantamiento del cepo con alguna una operación internacional de préstamo, sea del FMI o de fondos privados. Con la reducción de tasas, en definitiva, la política económica oficial ha girado sobre su propio círculo. 

 Precios y recesión 

Por las mismas razones -la violenta inflación en dólares- el gobierno ha debido apartarse del libreto “libertario” y 'retar' a los productores y comercializadores de alimentos, algunos de los cuales, según Caputo, “están un 50 % más caros que en Estados Unidos”. El ministro les ha implorado a los supermercadistas que cuando ofrezcan rebajas no lo hagan con el “2 x 1” sino que admitan una reducción real de los precios unitarios, para que ello “se refleje en el índice de precios”. Pero los pulpos alimentarios no quieren bajar precios que, suponen, volverían a subir en el caso de una devaluación. Como represalia, el gobierno anunció la liberación de las importaciones de ciertos alimentos, algo que fue celebrado por sus comercializadores –pero recibido con furia por los productores agroindustriales-. En cualquier caso, el gobierno no tiene los dólares para abrir mano de esta alternativa importadora, y los monopolios locales lo saben. La “liberalización” de precios oficial excluyó, por un lado, al dólar, sometido al cepo; por el otro, a los salarios y jubilaciones, derrumbados en el sector público y sometido a “techos” y vetos en las paritarias privadas que llegan a la secretaría de Trabajo. 
 Ese derrumbe de los ingresos del trabajo ha concluido en una recesión atroz, que aviva las contradicciones del plan oficial. El ficticio superávit fiscal -cosechado con la licuación de las jubilaciones y la postergación de pagos del Tesoro- recibirá un nuevo golpe con la caída en picada de la recaudación de impuestos. La industria registra caída de dos dígitos en sus rubros fundamentales –cemento, automóviles, acero-. Al desplome del mercado interno se suma la dificultad de exportar una producción cada vez más “cara”, en términos de dólares. 

 Disputa

 En este cuadro, la cuestión del dólar –y de una nueva devaluación- se ha colocado en el centro de las contradicciones y choques de la política oficial. La dolarización económica generada luego de la devaluación y la liberación de precios (https://politicaobrera.com/11313-la-implosion-financiera-y-las-perspectivas-politicas) ha representado una gigantesca operación especulativa, en beneficio de los fondos que ganaron un 9 % mensual en dólares y de los acreedores de la deuda pública transitoriamente valorizada –en primerísimo lugar, la propia burguesía nacional-. Las patronales de AEA y la UIA bancan al gobierno por la expectativa de recuperar el financiamiento internacional y, principalmente, por la contrarrevolución laboral que esperan del gobierno libertario. Al mismo tiempo, cargan con el peso de un derrumbe industrial. 
 Por un lado, la “corrección” cambiaria que empieza a reclamar una parte de la clase capitalista reavivaría la hoguera inflacionaria, tirando abajo todas las promesas de estabilidad que se formularon. Por el otro: seguir aguantando el dólar, a la espera de una deflación de precios promovida por una brutal recesión, acentuará los desequilibrios en danza. Las contradictorias medidas adoptadas por Caputo en estos días son una confesión de este impasse.
 Los choques y divisiones en el Congreso –y en el propio gabinete nacional- suelen ser presentados como “internas políticas” que transcurren en medio de los supuestos “logros económicos”. No: los “logros” son un verdadero castillo de naipes, lo que explica las divergencias que atraviesan a la burguesía y sus partidos. Este es el escenario “por arriba”, que la clase obrera debe reconocer para abrirle paso a su propia salida. 

 Marcelo Ramal 
 15/03/2024

Correpi presentó el archivo de personas asesinadas por el Estado


La Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi), realizó una actividad en el auditorio porteño de ATE para presentar la actualización del amplio documento que recolecta y sistematiza el conjunto de casos de asesinatos por parte de las fuerzas represivas del Estado. Este informe recoge datos desde 1983 y, ayer, se le añadieron los datos de 2023. De conjunto es una prueba irrefutable de que la “democracia” ha significado, por innumerables vías, una continuidad de los métodos represivos y asesinos de la dictadura. El gatillo fácil y las muertes masivas en comisarías son parte constitutiva de todos los gobiernos. Desde el ´83 a la fecha la cantidad de asesinatos es de 9.175 y la tendencia es en ascenso. El gobierno de Kirchner contó con 995 casos, los dos gobiernos de Cristina terminaron en 1062 y 1606 casos, Macri subió a 1926, cifra casi repetida por Alberto Fernandez que quedó en 1924. Correpi alertó que, sin una búsqueda completa, el gobierno de Milei ya arroja cifras que superan este promedio. Se han denunciado 60 asesinatos en los primeros 70 días de gobierno. 

 Gatillo fácil, brutalidad carcelaria

 A pesar de que las cifras son contundentes, en la exposición del informe se buscó diferenciar al gobierno de Macri del Frente de Todos. Para esto se dividió al gobierno de 2019 al 2023 en “tres etapas”. La primera, breve, al mando de Sabrina Frederic -que se encontraba como parte del público en el auditorio- donde se habrían derogado los ´protocolos´ de Bullrich; la segunda, durante la pandemia, con un elevado involucramiento represivo, y finalmente la etapa de Anibal Fernández. Si bien se reivindicó a la primera de esas etapas, lo cierto es que los números presentados en el informe, destacan un ascenso de los casos en cada uno de los años del gobierno del Frente de Todos, superando incluso a los del macrismo. Se mencionó una primera caída de los casos de gatillo fácil, enormemente ´compensada´ por los asesinatos dentro de las cárceles, cifra que sube año a año escandalosamente. Solo el 58 % de los detenidos cuentan con condena y la cantidad total de estos se ha prácticamente quintuplicado en los últimos años, como consecuencia de todo un conjunto de reformas y endurecimientos penales. El sistema carcelario en su conjunto es un método general de tortura y asesinato de una parte de la población. Otro aspecto mencionado fueron las cifras en ascenso de la Policía de la Ciudad, que en pocos años y con menos efectivos ya alcanzan la mitad de los números de la Policía Bonaerense. 

 Conclusiones 

La conclusión de la presentación a cargo de Maria del Carmen Verdú, fue que si bien “las medidas represivas son una política de Estado, sobre ese telón de fondo, inamovible, vemos otros factores que pueden modificar la forma en que se descarga esa represión. No son irrelevantes”. “Sin modificar el marco sistémico, con decisión política se podría reducir la letalidad de las fuerzas”. La participación de Myriam Bregman, diputada del FITU y de Natalia Zaracho, del Frente de Todos en el panel, fue presentada por Verdú como la forma de reafirmar un camino de ´unidad´. En ese sentido Correpi caracterizó como un ´fracaso´ la frustración de la marcha ´unitaria´ durante el próximo 24 de marzo. Reivindicaron su voto a Massa en el balotaje, ya que habían “alertado” el peligro de Milei-Bullrich. Lo cierto, aunque nadie lo mencionó, es que el voto a Massa encerraba otro peligro, el del propio candidato, un discípulo de Rudolph Giuliani y defensor del desembarco del ejército en los barrios. 
 La intervencion de la diputada del FITU no recogió el guante del planteo de confluir con el kirchnerismo, ni para apoyarlo, ni para rechazarlo. Se dedicó a reivindicar su labor y la del todo el FITU como diputados y alertó sobre “las leyes que se votan”, como la antiterrorista sancionada por Cristina Kirchner y que hoy puede ser utilizada por el gobierno de Milei. Sobre el 24 de marzo se pronunció por la “masividad” y por el derecho del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a leer su documento y señalar a “todos los responsables de la situación”. Natalia Zaracho, que cerró el panel, fue más directa: “Milei no es lo mismo, tenemos que hacer autocrítica” La diputada aliada a Grabois insistió, “no podemos tolerar estas discusiones, todos nos tenemos que hacer cargo”, en un mensaje a los que votaron en blanco en el balotaje. No se hizo cargo, la diputada, de su participación en el gobierno hambreador de Alberto-Cristina-Massa principal responsable de la votación de Milei. Reclamó un “Estado presente”, sin considerar el propio informe de la Correpi que describe con lujos de detalles las consecuencias de la presencia estatal, al menos en la vía represiva. 
 La actividad fue cerrada por el joven rapero Willy Bronca, que destacó que “no hay dirigentes en la oposición” antes de convocar a reforzar la movilización que en tiempo real se producía en el Congreso. Allí se producía otra tanda represiva con nuevos detenidos del gobierno. 

 Federico Fernández 
 15/03/2024

El “claquetazo” en el Gaumont sonó bien fuerte


Ayer, 14 de marzo, la Junta Interna de ATE convocó a una conferencia de prensa y “claquetazo” a las puertas del cine Gaumont, frente al Congreso de la Nación. La fuerza impulsora de esta actividad artística -el cine argentino- hizo que la convocatoria de ATE se viera incluso superada en sus expectativas, debido a la participación de variados sectores que tomaron parte en la conferencia de prensa. No solo adhirieron la burocracia de Asociación Argentina de Actores y Actrices, otras representaciones gremiales, la asamblea Unidxs por la Cultura y grandes figuras de la pantalla (Busnelli, Laplace, Sbaraglia, entre otras), sino que estuvieron presentes directores, fotógrafos, camarógrafos, músicos, estudiantes de las escuelas ENERC, UNA, FADU, FFyL, FUC, prácticamente todas las asambleas populares de Capital y muchas representaciones políticas de los partidos, el nuestro incluido. 
 El ataque del gobierno de Milei a los organismos e instituciones estatales de cultura a nivel nacional, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, como un ataque de tipo ideológico a la libertad de pensamiento y de acción (o de actuación, en este caso), junto al repudio por los 170 despidos de trabajadores del INCAA, fue el eje de los discursos. La masividad de la convocatoria, que había sido pensada como un acto en la vereda del cine Gaumont, terminó cortando la avenida Rivadavia. Esto fue festejado por los manifestantes como una victoria contra el “protocolo” de Bullrich. Pero la policía exigió a los organizadores que liberaran dos carriles y, ante la imposibilidad de hacerlo, llamó a la Infantería, la cual reprimió echando gases, golpeando con palos y llevando detenidos a tres manifestantes. En medio de la violenta represión ejercida en forma conjunta por la federal y la metropolitana, un fascista que conducía una camioneta Mercedes Benz atropelló a cuatro manifestantes (a un pibe le fracturó las piernas), atropelló a un ciclista y chocó con otro vehículo, intentando darse a la fuga. 

 La jauría “libertaria” muestra los colmillos 

Toda esta represión se consumaba mientras, en “otra secuencia de la película”, el Senado nacional rechazaba el DNU 70 emitido por el presidente Milei. El resquebrajamiento de los “libertarios” entre fracciones seguidoras de la negacionista Villarruel y el “nuevo armado” de seguridad y militar que representan Bullrich-Petri-Milei (enamorados del sionismo genocida de palestinos y el Departamento de Estado norteamericano) escenificó de manera cruda la pelea de rapiña por los recursos que los capitalistas les están arrebatando a los trabajadores, a los jubilados y a los oprimidos en general. 
Como si fueran los perros de Milei peleándose entre sí. De manera que tampoco es casual la represión a quienes, a pasos de allí, reclamaban por sus derechos laborales y culturales. 
 ¿Cómo enfrentamos el desguace de la cultura? Organizándonos por autoconvocatoria en asambleas de la cultura y coordinación con otros gremios, con un programa:
 Aumento del 100 % para salarios, jubilaciones y planes sociales. No a los despidos en el INCAA. No al cierre del cine GAUMONT, ni de ningún cine del espacio INCAA. Acceso a la cultura garantizado para todos los trabajadores. Defendamos a las escuelas públicas de cine. 

 Política Obrera

24 de Marzo: fracasó el ´acto unitario´ con el kirchnerismo

Finalmente este jueves se concretó la reunión entre organizaciones del Encuentro Memoria Verdad y Justicia y de la Mesa de Organismos kirchnerista. Estos “formalizaron” que no aceptan dos documentos ni una marcha y plaza compartidas, como había sido propuesto públicamente a iniciativa de la mayoría del EMVyJ. El resultado es que habrá finalmente dos actos, con un dispositivo similar al de los últimos años. Emisarios del EMVyJ informaron, por otro lado, que les propusieron a la contraparte emitir un “flyer informativo en común”, aunque no tenían mandato para ello y abona a la confusión. Los K respondieron que “lo consultarán”. La cuestión de cómo actuar frente al protocolo represivo ni siquiera fue tocada. El único compromiso concreto del kirchnerismo fue que entregaría el palco a partir de las 15. En otros aniversarios, ´manejaron´ sus tiempos bloqueando el ingreso de la columna del EMVyJ con grupos de La Cámpora y matones del Mercado Central. Simultáneamente, en la ciudad de La Plata, los delegados kirchneristas procedían de la misma manera con la Multisectorial, descartando una movilización común con la izquierda en la tradicional vigilia del 23. 
 Política Obrera fue la única organización que se opuso de plano a un frente político con los K con la excusa del 24 de Marzo. Apoyamos, en cambio, un acuerdo práctico para derrotar al protocolo represivo y garantizar la realización de los dos actos. Anticipamos, por otro lado, este desenlace. La propuesta de “un acto con dos documentos” era inviable desde el principio. Los kirchneristas fueron claros también y, de entrada, aclararon a la delegación del EMVyJ que vetarían cualquier crítica a los gobiernos K y a la burocracia sindical. Para subrayarlo, advirtieron que ellos “no controlaban” a las organizaciones que responderían a su convocatoria y destacaron que la CGT ya había anunciado su concurrencia, un ´apriete´ nada velado. La maniobra, auspiciada por el FITU, apuntaba a quedarse con el cetro de “los más unitarios de todos”, respondiendo a un supuesto e inverificable ´clamor´ unitario. Los K la desbarataron enseguida: orquestaron una operación de prensa, a través de un cable de Télam reproducido por decenas de portales, dando por hecho un acuerdo en torno a un acto y un documento comunes. La diputada Bregman era citada como fuente para confirmar la especie. En estas horas, voceros oficiosos del kirchnerismo, como Víctor Hugo Morales, continúan propagando la versión de que el 24 habrá una “marcha única”. Esta línea política condujo a un callejón sin salida, como anticipamos y se verifica ahora. El EMVyJ perdió un tiempo precioso para instalar su convocatoria y sus consignas. 
 Quienes justifican esta alianza para enfrentar al gobierno de Milei, poblado de videlistas confesos, omiten la colaboración que le prestan los gobernadores, intendentes y burócratas peronistas. El ´mal mayor´ se apoya en el ´mal menor´ para vehiculizar su proyecto político reaccionario. Los gobernadores del PJ trasladan el ´ajuste´ a los trabajadores de sus provincias. Sus legisladores aprobaron en general la ´ley ómnibus´ antes de que naufragara por el choque de intereses capitalistas que planteaba. Hicieron fracasar, premeditadamente, la sesión que iba a votar una nueva fórmula de movilidad atada a la inflación, más allá de sus límites insalvables. Anoche votaron en el Senado contra el DNU -a sabiendas de que los diputados le darán largas al asunto- por ´inconstitucional´, ofreciendo la alternativa de que sea desglosado en varios proyectos parlamentarios. La burocracia reclama ´diálogo´ para consensuar una reforma antiobrera. Hasta Cristina Kirchner fue clara en este sentido y ofreció al gobierno, en una extensa carta de 33 páginas, una plataforma parlamentaria que incluía privatizaciones, ataques a los docentes y una “actualización laboral”. 
 Esta colaboración toca, además, una fibra muy sensible el 24 de Marzo: Kicillof está colaborando con la militarización de Rosario, enviando tropas, nada menos, que de la policía bonaerense a ´combatir el narcotráfico´, como si lo que ocurre en las barriadas rosarinas fuese diferente a la situación del conurbano, donde la cana está metida hasta las cejas en el negocio de la droga. En la agenda del gobierno y los gobernadores figura el ingreso de las fuerzas armadas a la faena mediante la reforma de la ley de seguridad interior. Todo esto debe ser denunciado el 24 con el mayor énfasis. 
 Las razones de la negativa kirchnerista se encuentran en esta orientación política de fondo del peronismo, dirigida a sostener a Milei dadas su precariedad política y las internas que lo corroen. Eventualmente, se preparan para relevarlo en el turno electoral correspondiente. Pero, en todo caso, se proponen evitar su caída como resultado de una rebelión popular. Llegado este punto, queda claro que para el peronismo no ha llegado el momento todavía de convocar a la izquierda democratizante a un gran frente popular. El FITU lo llevó hasta el grado de tentativa. Esto debe ser subrayado ante la vanguardia y los trabajadores más activos políticamente, porque “el último recurso contra la revolución proletaria” volverá a plantearse en la medida que la crisis vaya gestando una respuesta de masas. 
 El 24 de Marzo Política Obrera se movilizará con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, bajo las banderas del clasismo y el socialismo. Sumate a nuestra columna. 

 Jacyn 
 15/03/2024

jueves, marzo 14, 2024

La ”libertad” se resquebraja


Qué se juega en los chantajes palaciegos del Congreso. 

 La sesión de esta tarde en el Senado arrancó después de una fractura expuesta en el centro del poder político. Muy tempranamente, el gobierno “libertario” ha repetido la forma de todas las crisis de poder de las últimas décadas –la ruptura entre el presidente y su vice. La decisión de la negacionista Villarruel de habilitar el tratamiento del DNU 70 en el Senado ha despertado ataques, algunos solapados y otros furiosos, por parte de Milei y sus operadores de redes. El sinuoso Espert acusó a la vice de ´desestabilizadora´. Pero el choque entre Milei y Villarruel supera por mucho las rivalidades personales: tiene lugar en medio de dos gigantescas crisis de Estado –la que involucra a todas las fuerzas de seguridad y al Ejército mismo, en torno de la violencia narco en Santa Fe, y la que provocó la ruptura de cualquier equilibrio financiero entre el Estado nacional y los distritos, como resultado del “golpe de Estado económico” de Milei-Caputo. 

 La cuestión militar 

Villarruel armó su campaña electoral en torno de la reivindicación del genocidio dictatorial. Representó, más o menos directamente, al lobby de militares condenados o procesados por esa razón. Hay que ver hasta que punto proyecta esa misma autoridad con quienes actualmente ´tallan´ en el alto mando, en los servicios y el aparato de seguridad. En cualquier caso, su destino inicial en el gobierno de LLA era liderar esas áreas. Pero el nombramiento de Bullrich corrió de ese lugar a Villarruel y a su grupo de influencia en el aparato militar. Bullrich-Petri-Milei han reforzado las relaciones con el sionismo y con el Departamento de Estado, al punto de cerrar un convenio con sus agentes militares en torno, nada menos, que de la Hidrovía. Pocos han advertido que la cuestión militar ha vuelto a despertar al “frente federal” de los gobernadores, quienes hace algunos días emitieron un pronunciamiento conjunto señalando que el reforzamiento de la “seguridad” contra el narco era de responsabilidad federal –o sea, debía ser bancado con fondos del tesoro nacional. La disputa de la fórmula presidencial pone de manifiesto la trascendencia que comienza a cobrar la cuestión militar y del control del aparato de seguridad, en medio de la disputa narco, de la galopante crisis social y, también, de la pelea por el lugar de América Latina en la guerra internacional que se encuentra en desarrollo.

 Gobernadores 

Villarruel, a caballo de sus propias apetencias, abrió la puerta para que talle otro flanco de la crisis política: el que enfrenta a los gobiernos provinciales con la camarilla de Milei-Caputo. Si el Senado voltea el DNU 70, el decretazo seguirá vigente, mientras no lo derogue también la Cámara de Diputados. Lo que habrían logrado los “desestabilizadores” del Senado, en ese caso, es extorsionar al gobierno libertario, de cara a las negociaciones por la ´nueva´ ley ómnibus y el pacto del 25 de mayo. Naturalmente, el chantaje podría arrancar algunos de sus propósitos en el curso de la propia sesión del Senado, y en ese caso el DNU ni siquiera sería rechazado. 
 El choque político de los gobernadores con Milei contempla una pelea de rapiña por los recursos que les son arrebatados a los trabajadores. Los ajustes de Milei han sido replicados por todos los mandatarios provinciales, sin excepción. Pero como esa confiscación no alcanza para solventar el plan oficial, el FMI ha insistido en una escalada de impuestos; sobre ese nuevo paquete fiscal, los gobernadores exigen una mayor tajada. Los bloques políticos capitalistas no cuestionan la orientación reaccionaria de Milei-Caputo. Lo que está en discusión es el régimen político que la llevará adelante: la oposición -dialoguista o no- le reclama a Milei “coparticipar” el plan reaccionario y, por esa vía, asumir la defensa de los intereses capitalistas que representan.
 Este tironeo entre ajustadores tuvo varias manifestaciones en los últimos días. El martes pasado, los “dialoguistas” intentaron votar una nueva movilidad jubilatoria en Diputados. El interbloque Pichetto Carrió llevó un proyecto previsional que apenas se diferenciaba de lo que Milei y Caputo han redactado en la nueva ley ómnibus: una indexación tardía de los haberes de acuerdo a la inflación pasada, que consolida la caída de las jubilaciones en el último lustro y sólo reconoce una parte -el 20%- de la licuación provocada por la híper de diciembre-enero-febrero. Milei, en este punto, ofrece menos: quiere que el 60% de inflación acumulada en ese trimestre apenas reciba una compensación del 10%. Aunque la sesión naufragó, abrió la perspectiva de un ´consenso´ (reaccionario) en las comisiones del Congreso. En definitiva, discuten por monedas. 

 Reforma laboral 

Milei condiciona la sanción de una nueva ley previsional a la reforma laboral que contienen el DNU y la ley ómnibus. Pero en este punto, quien ha arrimado el bochín es la alta cúpula de la CGT: Daer acaba de manifestar su disposición a “discutir” esa reforma, considerando como negociables al régimen indemnizatorio y el sistema de cargas patronales, entre otros puntos. En cambio, advirtió sobre el ´respeto a las estructuras sindicales´, es decir, que no se toque el aparato de la burocracia. Héctor Daer, Andrés Rodriguez y otros reclaman el retorno al diálogo, esto es, ser una de las patas del gobierno por decreto.Milei, por ahora, insiste en ejercer sin ataduras un régimen de poder personal. Para la camarilla libertaria, un régimen de consensos parlamentarios introduce ´ruido´ en lo que constituye el corazón de su programa –la revalorización ficticia de la deuda pública argentina a caballo de los zarpazos al salario, a las jubilaciones, a los presupuestos sociales y provinciales.
 Esta discusión sobre el carácter del régimen político se ve en estas horas en el debate del Senado, donde el pejotakirchnerismo cuestiona al DNU por su ´inconstitucionalidad´, pero jamás por su contenido antiobrero. 

 Conclusiones 

El choque del Senado tiene, en sus dos veredas, a personeros del ajuste. Pero la aguda división que estalló en estas horas demuestra que el golpe económico de Milei, además de ser intolerable para las masas, es fuente de graves divergencias entre los capitalistas y sus representantes políticos. Las contradicciones del plan económico oficial han saltado en estas horas, por caso, cuando el gobierno, que jura que no devaluará, bajó las tasas de interés para promover una mayor demanda y una suba en el precio del dólar. Teme que la caída de la divisa desate el acaparamiento de la cosecha gruesa por parte de los agroexportadores. Pero una devaluación volvería a disparar los índices inflacionarios. El choque de los de arriba, y sus inconsistencias internas, debe ser explotado para impulsar acciones de lucha de los de abajo, sin ninguna confianza en una oposición que pugna por “ser parte” del reaccionario programa oficial. La derrota del DNU no será palaciega, sino resultado del recurso de la huelga. 

 Marcelo Ramal 
 14/03/2024

Todos al Congreso a voltear el mega DNU


El Senado trata el decretazo que le roba al pueblo para beneficiar a los grandes capitalistas, y se abre una nueva crisis en el gobierno. 

 El Senado de la Nación tratará el megadecreto emitido por el gobierno el pasado 20 de diciembre, a los 10 días de asumir Javier Milei la presidencia. La cuestión abrió otro frente de crisis interna en el oficialismo, con un comunicado de la Oficina del Presidente atacando duramente a Victoria Villarruel por habilitar un tratamiento que probablemente ocasione un nuevo revés para los libertarios.
 El DNU 70/23 contiene una enorme cantidad de ataques al pueblo trabajador, motivo por el cual la misma noche en que fue anunciado se oyeron cacerolazos por todo el país. Flexibilización laboral, suba de los alquileres y las prepagas, despidos en el Estado y privatizaciones, remate de las tierras a magnates extranjeros, habilitación de los desmontes de bosques y humedales, son algunas de sus aristas. Desde las 18:00 del jueves 14 se concentrarán frente al Congreso organizaciones populares y asambleas para exigir su nulidad.
 Luego de haber sido publicado, el decreto -objeto de un fuerte rechazo popular que incluso dio origen a la formación de asambleas barriales en el Gran Buenos Aires- entró en un terreno movedizo entre numerosas presentaciones judiciales y la oposición de la mayoría de los bloques políticos. Por eso el oficialismo retrasó todo lo que pudo la conformación de la Comisión Bicameral que debía discutirlo, y recién tres meses después y habiendo comenzado el período de sesiones ordinarias permite que sea llevado al recinto de la cámara alta. Milei disparó contra la vicepresidenta por no seguir bloqueando el tratamiento, lo cual puede redundar en una doble derrota para el gobierno al dejar una factura expuesta. 
 Entre los puntos centrales del DNU que quedaron suspendidos figura todo lo referido a la reforma laboral. Es que la Justicia hizo lugar a medidas cautelares presentadas por la CGT y la CTA contra el casi medio centenar de artículos contenidos en el Título IV, dentro del cual se cuenta el abaratamiento de los cálculos de indemnización por despido y de las multas a la patronales que precarizan a sus empleados, la extensión del período de prueba y de la jornada laboral, la habilitación de convenios individuales contra los convenios colectivos de trabajo y ataques al derecho a huelga, entre otros puntos. 
 También lograron fallos favorables decenas de personas, especialmente jubilados, que realizaron presentaciones ante los aumentos impagables en las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Es que el decreto habilita subas sin techo alguno, a la vez que arremete contra las obras sociales. Con razón, Claudio Bellocopit, de Swiss Medical, fue señalado oportunamente como uno de los mayores beneficiarios de las medidas. 
 Igual de premiados fueron las grandes cadenas farmacéuticas con la autorización para constituirse en sociedades anónimas y contar con un profesional para varios locales, favoreciendo la expansión de franquicias como Farmacity, que forma parte del Grupo Pegasus de Nicolás Caputo, primo del ministro de Economía. El único punto positivo, que era la obligación de que los medicamentos sean recetados por el nombre genérico de la droga y no por la marca, fue dado de baja por el gobierno a pedido de los grandes laboratorios. Estamos a merced de un puñado de lobbies capitalistas. 
 Veamos. La derogación de la Ley de Alquileres no benefició a los inquilinos, ya que los precios para ingresar a un inmueble siguen subiendo por encima de la inflación y se promociona la firma de contratos en dólares, después de que la devaluación de diciembre hundiera los salarios. Esto da envión a los precios de venta de propiedades y de la tierra, para gracia de Elztain y los especuladores inmobiliarios. Tampoco dio ninguna mejora la política de liberalización de precios barriendo con la Ley de Góndolas y la de Abastecimiento, cuando el IPC sigue licuando los ingresos de los trabajadores y el gobierno fija techos salariales a través de la no homologación de los acuerdos paritarios. 
 Otra funcionaria con intereses directos es la canciller Diana Mondino, dueña del Banco Roela, que como el resto de las entidades del rubro salieron ganando con la posibilidad de cobrar por la apertura de cuentas sueldo y la eliminación de los topes en los punitorios por demoras en el pago de tarjetas de crédito; un guiño a los Santander y Galicia mientras arriman una privatización del Banco Nación. Las fintech como Mercado Pago ganaron con la desregulación en la emisión de tarjetas de crédito con cláusulas leoninas. 
 Las mineras recibieron la zanahoria de la liquidación de todo control sobre los pasivos ambientales, cuando estamos hablando de multinacionales como Barrick Gold y Livent con gruesos antecedentes de defraudar a la nación. Tendremos mayor contaminación, a la vez que con las modificaciones a la Ley de Bosques habilitan mayores desmontes y las hechas a la Ley de Manejo del Fuego permiten el cambio en el uso de suelo, en lo que es un incentivo a las quemas para que avance la frontera agrícola y los desarrolladores inmobiliarios, en un país que ya ahora está sufriendo inundaciones en las más diversas provincias. La misma orientación se ve en la derogación de las normas que limitaban la extranjerización de tierras, para incentivar la apropiación de latifundios como los de Lewis o Benetton en la Patagonia. 
 Hay en estos puntos una enorme cantidad de reclamos populares contra el plan de Milei y el FMI, que no serán resueltos por una votación adversa al DNU en el Senado. Para que el rechazo el megadecreto abra lugar a que avancen las reivindicaciones de los laburantes tenemos que ganar las calle con un plan de lucha con paro activo nacional y asambleas de todos los sectores que están peleando, hacia una huelga general para enterrar estos ataques antiobreros. Todos al Congreso para dar un nuevo golpe al gobierno, y a preparar las batallas que se vienen. 

 Iván Hirsch

Milei y Caputo van a tener que responder por condenar a la miseria a los jubilados / Romina Del Plá

China: se agravan los problemas económicos


Un eslabón de la crisis capitalista 

 En estos días tiene lugar la Asamblea Nacional china, el Parlamento del gigante asiático que se reúne anualmente. En medio del hermetismo general que caracteriza los actos de gobierno, el evento permite obtener algunas pistas del estado de situación en que se encuentra el país, de los problemas con que tropieza y de las medidas y acciones que tiene en vista Pekín. Sin nos guiamos por eso, las señales no son tranquilizadoras. La Asamblea Nacional china fue la ocasión para dar a conocer una nueva agenda económica. Todo sugiere que el plan dista de ser sólido para enfrentar la crisis económica y que algunos de sus objetivos son fantasiosos. 
 El primer ministro de China, Li Qiang, reveló un objetivo de crecimiento del PBI de alrededor del 5% en 2024. La meta es superior a las previsiones de los economistas, que promediaban el 4,6%. Hay quienes señalan que los anuncios oficiales pecan de optimismo, pues aún con el rebote que ocurrió luego de la salida del Covid y las expectativas que eso despertaron en las autoridades chinas apenas se logró ese porcentaje. 
 Además, para lograrlo, China necesitaría más incentivos del Estado, pero el déficit fiscal que se proyecta es del 3% para 2024, demasiado exiguo para revertir la curva descendente. Nada que ver con los grandes paquetes de estímulo que Pekín ejecutó en el pasado. Basta recordar que en 2008 representó, ni más ni menos, que el 15 por ciento del PBI. La situación del gigante, sin embargo, no es la misma que quince años atrás, cuya economía está condicionada por una deuda colosal que asciende a casi tres veces el PBI. China ha tratado de contrarrestar su creciente desaceleración económica, apelando a un endeudamiento, cuya persistencia en el tiempo se ha vuelto cada vez más insostenible. Ese endeudamiento, facilitado por la emisión estatal y el crédito barato, ha creado una gran burbuja inmobiliaria que ha comenzado a estallar, como se constata con la quiebra del gigante inmobiliario Evergrande y que se encuentran en la cuerda floja otras inmobiliarias, entre ellas, otra de las grandes, como Country Garden. 
 El estallido se terminó precipitando cuando el régimen chino quiso poner un freno a la especulación, cerrando la canilla monetaria. El colapso del sector inmobiliario afecta al conjunto de la economía china, si tenemos presente que es responsable, en forma directa o indirecta, del 25% del PBI de la economía china. Asistimos, en este contexto, a una retracción de la inversión y el consumo. Esto es lo que explica que, a diferencia de lo que sucede en las potencias occidentales azotadas por la inflación, en China se registra una deflación: los precios al consumidor cayeron un 0,8% interanual en enero. 
 Para revitalizar su economía, China necesitaría de un envión del sector privado. Las inversiones privadas representan la mitad del total nacional, pero cayeron un 0,4% en 2023, en gran parte debido a la caída del sector inmobiliario. La inversión extranjera está en su nivel más bajo en 30 años. Los inversores están tan desilusionados que la capitalización de las acciones chinas ha caído en picada. Mientras que la Bolsa norteamericana bate récords, estamos frente a un desplome de las bolsas de Shanghai y Hong Kong, donde se concentran las transacciones en el gigante asiático, que ha perdido más de 6 billones de dólares, lo que representa un tercio del PBI chino.
 La corriente se ha invertido y el fenómeno dominante ya no es el ingreso sino la huida de capitales, lo cual está unido a la tendencia cada vez más manifiesta del capital internacional a mudar sus inversiones y relocalizar sus empresas en otras plazas más seguras y con mano de obra más barata, especialmente en el sudeste asiático, pero también en México. Según las cifras publicadas por la Administración Estatal de Divisas el mes pasado, la entrada de capital extranjero en el país en 2023 fue de 33.000 millones de dólares, un 82% menos que el año anterior y la cifra anual más baja desde 1993. 
El  gobierno no tiene las espaldas para restaurar la confianza entre los empresarios y alentar la inversión privada y tampoco estimular la inversión pública. El régimen chino tropieza con límites insalvables para una política fiscal y monetaria expansiva. Encima, una parte de cada vez mayor del presupuesto debe ser destinada a los gastos de defensa en momentos que las tensiones con Estados Unidos y la escalada militar en torno de Taiwán se incrementa. Por más que se trató de no agitar las aguas y se puso énfasis a un “desarrollo pacífico” de las relaciones con Taiwán, el clima de “guerra fría “domina la escena e incluso la amenaza de una guerra caliente. El gasto en defensa aumentará un 7% este año, por encima de la mayoría de las previsiones para el PBI nominal. Al comenzar la reunión, China firmó un nuevo acuerdo de defensa con las Maldivas (un diminuto país, pero ubicado estratégicamente en cercanías de la India), lo que aumentó las tensiones en el Océano Indico. Importa señalar, además, que un relanzamiento de la emisión monetaria provocaría un debilitamiento del yuan, lo cual, en el actual contexto, podría acelerar una corrida hacia el dólar y un salto explosivo en la fuga de capitales. 

 Nuevo plan

 La burocracia gobernante presentó un plan a largo plazo bajo el lema “nuevas fuerzas productivas”. La idea es ir provocando un giro en la economía china pasando de un sector inmobiliario inflado, inversiones financiadas con deuda y manufactura básica a industrias de alta productividad, como la energía verde, la inteligencia artificial y la industria de alta tecnología.
 El nuevo giro plantea una serie de problemas. La cuestión a largo plazo es si la producción de alta tecnología puede reemplazar el lugar que ha ocupado esta última década el sector inmobiliario y la manufactura. Una cuestión inmediata si China expande la producción de alta tecnología, como vehículos eléctricos, almacenamiento de baterías y paneles solares, es donde se venderán estos productos en condiciones de débil demanda interna. 
 El discurso del primer ministro restó importancia a las exportaciones como motor de crecimiento, presumiblemente para evitar provocar una reacción en el extranjero. Pero la verdad es que el principal destinatario solo podría ser el mercado externo, incluso aplanado a prácticas de dumping, lo que podría amenazar con nuevas sanciones, tanto por parte de Estados Unidos como de la Unión Europea.
 No se puede ignorar la guerra comercial y la escalada militar emprendida por Estados Unidos, que impone una lista cada vez mayor de barreras a los chips y otros productos necesarios para el desarrollo de alta tecnología, por temor a que el crecimiento de China por esta vía socave aún más su dominio de la economía mundial. Biden, en este plano, no solo continuó sino que fue más lejos que su antecesor. Coincidentemente con las deliberaciones de la Asamblea Nacional, la Casa Blanca ha tomado nuevas prohibiciones contra los autos eléctricos del país asiático, planteando que sus dispositivos inteligentes, como los teléfonos, que viene al interior de sus unidades, podrían afectar la seguridad estadounidense. Esto es simplemente una pantalla para evitar la competencia china, que podría estar en condiciones de producir autos eléctricos iguales o mejores estándares técnicos, pero a menores precios. Recordemos que ese mismo tipo de argumentos relativos a la seguridad nacional fueron utilizados contra Huawei, antes de que Washington se lanzara a una cruzada contra la empresa. 
 Esta política proteccionista podría recrudecerse aún más en caso de un triunfo de Trump en la carrera presidencial. El magnate inmobiliario anunció que podría llevar los aranceles de importación a un 60%. Aunque no fue ventilado públicamente, la preocupación acerca del desenlace de las elecciones norteamericanas y sus consecuencias está fuertemente instalada entre los jerarcas chinos. 

 Perspectivas 

Lejos de sacar al mundo de la crisis capitalista, como se auguraba una década atrás, China se ha convertido en un factor de su agravamiento. A las contradicciones propias de la economía mundial capitalista se suman las contradicciones internas del gigante asiático, que asume características explosivas. Habrá que ver si la desaceleración actual termina en un aterrizaje brusco. Hay quienes señalan que las verdaderas cifras sobre crecimiento -que serían más bajas- permanecen veladas por el fuerte hermetismo oficial del régimen; de todos modos, el impasse estaría erosionando las bases de apoyo más cercanas a los círculos dirigentes, empezando por una capa más acodado de la población, que tenía sus ahorros invertidos en el sector inmobiliario e, incluso, parte de ellos, en la Bolsa china. El malestar también abarca a funcionarios y elementos asociados al aparato del Estado en los gobiernos locales, cuya fuente principal de ingresos y hasta de enriquecimiento personal se han visto a afectados por el descenso operado en la venta de terrenos, consecuencia del colapso inmobiliario. De un modo general, la crisis económica en desarrollo pone en jaque toda la base de sustentación del régimen chino. El propio Xi Jinping había señalado años atrás que sin un crecimiento del 8 por ciento peligraba la estabilidad social del país. Por lo pronto, el empleo juvenil supera la friolera del 20 por ciento. El desinfle que se está experimentando augura un panorama social explosivo. Resta ver cuándo este descontento que se está acumulando en la población se traduce en las calles. Sin lugar a dudas, esto le quita el sueño a la elite dirigente y en particular de Xi Jinping, cuya capacidad de arbitraje va a ser puesta a prueba más temprano que tarde. Por lo pronto, los trascendidos sobre cambios en el gabinete circularon con insistencia en el curso de las deliberaciones de la Asamblea Nacional. Antes de que tuvieran inicio las sesiones, se lo apartó de sus funciones al presidente de la Comisión de Valores, Yi Hiuman, en medio del desplome accionario del mercado chino. Todo indica que no será la última cabeza que ruede, exponiendo que la crisis económica empieza a tener una traducción más franca y descarnada en el plano político. 

Pablo Heller