jueves, noviembre 30, 2006

Manifiesto del Movimiento popular por la III República

Miércoles 6 de diciembre a las 12:00 Cibeles-Puerta del Sol

Afrontamos el 6 de diciembre de 2006 fortalecidos por el auge de las ideas republicanas y del movimiento por la III República.
Los poderes del Estado y las instituciones llamadas “democráticas” rinden pleitesía a una monarquía designada por Franco, que la impuso como garante de los intereses de una clase social a cuya cabeza se encuentra la oligarquía financiera integrada por los antiguos franquistas y los neofranquistas, por los grandes terrateniente y por todos aquellos que, junto a la banca y los especuladores inmobiliarios, están esquilmando a los pueblos del Estado español.
Lo que se ha denominado la Transición española no ha sido más que la adaptación del régimen fascista a las nuevas necesidades del gran capital, que pretende hacernos olvidar su complicidad con la dictadura franquista y con sus crímenes mediante una Constitución que sirva como ley de punto final a todo lo sucedido durante 40 años de tiranía.
Restauran la monarquía sin contar con nadie y ponen como Jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas al Rey heredero del dictador representado por Juan Carlos I, garantizándole de por vida la inmunidad penal De este modo la responsabilidad de este sujeto en la época de Franco, que la tuvo, así como la que tenga en el futuro, queda anulada por la Constitución española.
Así pues, la Constitución de 1978 se ha convertido en una ley que da por buenos el golpe de Estado de 1936 y los crímenes de la dictadura. El gobierno democrático y legítimo de la II República queda en el más absoluto de los olvidos, y los luchadores antifascistas, con el heroico apoyo de las Brigadas Internacionales que vinieron a dar su vida por las libertades, la democracia, la igualdad social y el avance de los pueblos, han sido borrados de un plumazo por la Constitución monárquica del 78.
El movimiento por la República no acepta la Constitución monárquica del 78 ni la monarquía, y lucha por la conquista de la III República como forma superadora de la opresión, tanto social como nacional, y de las desigualdades que entraña el anacrónico sistema monárquico, que sólo aspira a mantener los privilegios de clase y de casta de unas minorías a costa de las amplias mayorías.
En la política imperialista que desarrolla la Unión Europea, los gobiernos del Estado español, con su monarca a la cabeza, vienen interviniendo en países soberanos como Afganistán o Haití, y en conflictos como el de Líbano, en claro apoyo a la política opresiva de Israel. Desde la política antiimperialista que defiende el movimiento republicano, exigimos el retorno de las tropas que invaden países soberanos, la salida de España de la OTAN y el desmantelamiento de las bases estadounidenses en nuestro país, pues nos negamos a supeditar nuestra soberanía nacional a una potencia extranjera que se ha convertido en la mayor amenaza contra la paz mundial.
El acceso a la vivienda se está convirtiendo en algo imposible para millones de personas y, en particular, para los jóvenes. El robo descarado que practican promotoras, constructoras, bancos, instituciones y ayuntamientos, ha convertido la gestión de una necesidad básica en una descomunal estafa al más puro estilo mafioso, llena de testaferros y funcionarios corruptos, con unos intereses bancarios artificialmente en constante crecimiento, que están asfixiando a millones de familias. Todo esto cuando a Felipe, el heredero del Rey, le montan una casa de 1.700 metros cuadrados sin problema económico alguno, con el cinismo de proclamar a los cuatro vientos que todos tenemos los mismos derechos.
Las movilizaciones de miles de jóvenes por una vivienda digna y asequible son la denuncia de un problema que, como el paro y la precariedad, forma parte de las preocupaciones más importantes a las que se enfrentan las nuevas y futuras generaciones.
A los trabajadores se les ha impuesto, sin información ni consulta, una contrarreforma laboral que abarata el despido libre, que potencia las ETTs y la subcontratación, que rebaja las cuotas empresariales al desempleo y a la formación y que subvenciona con diversas partidas directamente a los empresarios. La otra contrarreforma de las pensiones, igualmente firmada por la patronal, el Gobierno y las direcciones de algunos sindicatos, lleva a prolongar la edad de jubilación, a rebajar las pensiones, a endurecer el contrato de relevo que afecta directamente a los jóvenes y a rebajar las cuotas empresariales a la seguridad social. Por todo ello, hay que unir y movilizar a los trabajadores para impedir más retrocesos y prepararse para avanzar.
Otros muchos problemas se interrelacionan con los mencionados anteriormente, como el de la sanidad, que se deteriora cada día más, o la educación, que se resiente del trasvase de fondos públicos a los centros privados en detrimento de la escuela pública. Todo ello mientras se subvenciona a la Iglesia Católica con miles de millones de euros que salen del bolsillo de todos, creyentes y no creyentes, en tanto quedan sin atender otros muchos asuntos prioritarios. Aspiramos a una enseñanza laica y gratuita, sin clases de religión, que sirva para educar en los ideales de la igualdad, la justicia social y la solidaridad.
El proceso de paz abierto a partir de la tregua permanente de ETA permite albergar la esperanza de superar el conflicto en el País Vasco si se resuelven los problemas políticos que lo generaron, como el derecho a la autodeterminación, que está siendo negado sistemáticamente por la oligarquía centralista, a cuya cabeza está la monarquía borbónica. La derecha neofranquista del PP está bloqueando el proceso, pues no está interesada en la paz, y el Gobierno, con su debilidad no está dando los pasos para avanzar en este proceso necesario para todos. La derogación de la ley antiterrorista, la derogación de la ley de partidos y el reconocimiento de la existencia de presos políticos, así como la eliminación de la represión a la izquierda abertzale, serían medidas que ayudarían a avanzar en el proceso de paz en el País Vasco.
Una situación parecida de bloqueo o de honda insatisfacción se da con la Ley de la Memoria Histórica en trámite parlamentario. Ya hay muchas asociaciones que la llaman traición de la memoria histórica, pues deja intactos todos los crímenes del franquismo, los juicios sumarísimos, el golpe militar del 36, los asesinatos cometidos en la transición, la simbología franquista... El movimiento republicano exige una ley que satisfaga a todos los que lucharon por la República como verdaderos patriotas y demócratas, que anule todas las sentencias franquistas y condene a los verdugos, que fueron los fascistas y quienes los apoyaron.
Hoy surgen de nuevo, alentadas por la derecha, las ideas fascistas y sus organizaciones, que también se amparan en la corrupción política y económica que el sistema de la monarquía está generalizando. Actúan impunemente como avanzadilla para imponer el terror y frenar a los sectores populares de izquierdas, cebándose de forma especial con los extranjeros, precisamente por ser la parte más débil y desprotegida de la sociedad, pues las leyes de este sistema injusto les niegan los mínimos derechos que les corresponden como ciudadanos.
El movimiento antifascista que va desarrollándose a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía, tiene el apoyo del movimiento republicano para avanzar hacia una sociedad más justa, sin privilegios y sin reminiscencias del franquismo.
La movilización contra la monarquía y por la III República el 6 de diciembre en Madrid, es una necesidad para las capas populares de todos los pueblos del Estado español, porque el movimiento republicano está en crecimiento y es necesario articularlo y organizarlo más y mejor. Es imprescindible romper las ataduras del pasado superando la constitución de 1978 y abriendo un proceso constituyente para conseguir la III República, como marco democrático superador de las desigualdades sociales, de la injusticia y de la corrupción que genera el régimen de la monarquía heredera del franquismo.

No a la constitución monárquica
Por el derecho de autodeterminación de los pueblos
Por la recuperación de la memoria y la historia
Por la III República

Movimiento popular por la III República

sábado, noviembre 25, 2006

Las elecciones 'rosa' de Nicaragua.

A la memoria rojinegra de Carlos Fonseca Amador

Necesitaríamos un Congreso para debatir hasta que punto la vía electoral se nos está convirtiendo en la única alternativa de la lucha política. Es nuestra recurrente pesadilla. Lo que fue excepción parece ser ya una regla, y nuestras victorias las asociamos tan sólo a las urnas. Es más, consideramos esas victorias como el triunfo de una revolución.
Tendremos que salir corriendo de estos peligros, pues podemos caer en la trampa de abandonar al devenir de los acontecimientos esporádicos nuestros impulsos revolucionarios.
El patético lema de “votar por el mal menor” nos hace olvidar que las elecciones son tan sólo una de las más pálidas estrategias para el cambio social. Y que los gobiernos populistas, esos que son “los menos malos” tienen también sus peligros.
En este momento el escenario latinoamericano es excelente para emprender los caminos de la revolución, por eso pánico le tengo ya al término izquierda, tan elástico y dependiente de las circunstancias. Esa izquierda que hace que tratemos de plegar los ímpetus radicales de nuestros pueblos con tiernas palmaditas en la espalda, para apoyar a la primera organización que hable “mal del imperialismo” y como en un buscador de INTERNET “hable bien de Cuba, de Venezuela y mal de Bush” ¡Perfecto! Una vez hecho eso, nos podemos sentar a descansar.
El Che lo planteó de la siguiente forma:
“¿Es posible o no en las condiciones actuales de nuestro continente lograrlo (el poder socialista, se entiende) por la vía pacífica?
Nosotros contestamos rotundamente: En la mayoría de los casos no es posible. Lo más que se lograría sería la captura formal de la superestructura burguesa del poder, y el tránsito al socialismo de aquel gobierno que, en las condiciones de la legalidad burguesa establecida llega al poder formal, deberá hacerse también en medio de una lucha violentísima contra todos los que traten, de una manera u otra, de liquidar su avance hacia nuevas estructuras sociales”.1
No niega Ernesto Guevara el camino de las urnas. Lo ve muy difícil. La ridícula guerra contra el terrorismo nos está paralizando, y la frase de José Martí de que “trincheras de ideas pueden más que trincheras de piedra” es agarrada por las puntas, sin piedad alguna. Nos creemos que por ganar un voto más o menos en los organismos internacionales ya hicimos el mundo. José Martí, sin embargo, aun sin ser guerrero, con la pluma más culta de su siglo murió empuñando un fusil.
La violencia es legítima cuando es usada por los oprimidos. La no violencia es un ardid de los enemigos de clase en el que caemos como mansas palomas
¡Y puedo citar a José Martí! , para que no me sigan hablando de fanfarronerías pacíficas:
“Es licito y honroso aborrecer la violencia y predicar contra ella mientras hay modo visible y racional de obtener sin violencia la justicia indispensable para el bienestar del hombre, pero cuando se está convencido que por la diferencia inevitable de los caracteres, por los intereses irreconciliables y distintos, por la diversidad honda como la mar de mente política y aspiraciones no hay modo pacífico suficiente para obtener derechos mínimos de un pueblo(...) o es ciego el que sostiene contra la verdad hirviente el modo pacífico, o es desleal a su pueblo el que no lo ve y se empeña en proclamarlo.”2
Ahí está José Martí, aquel al que quieren envolver la aureola de ridículo pacifismo, proclamando la violencia como método para obtener justicia para los oprimidos. La violencia no es inmoral, si lo fuese, serían inmorales los bolcheviques, los chinos, los vietnamitas, los cubanos... y los nicas... Los nicas de 1979, claro está.
La opción electoral nos anda acosando, y en nombre de ganar unos votos debemos enrolarnos en una “unidad” inoperante y pestilente. Ya el Che nos advirtió sobre ella:
“Los gobiernos democráticos de amplia base popular ascienden laboriosamente, y muchas veces antes de asumir el poder, ya están estigmatizados por la serie de concesiones previas que han debido hacer para mantenerse.“3
Muchos ejemplos pudiéramos analizar en este recurrente lema que esgrimimos con el mayor conformismo “Votar por el mal menor” y reducir nuestra actividad tan sólo a campañas electorales.
Conformar organizaciones revolucionarias no implica de antemano que haya que presentarse al siempre tibio, mediatizado y no pocas veces corrupto escenario electoral. El análisis de Néstor Kohan “Crisis orgánica y revolución pasiva. El enemigo toma la iniciativa”4 es un punto de partida. Nos daremos cuenta allí, explicado por un experto, hasta dónde han llegado nuestra confianza en las elecciones. Estas revoluciones pasivas, en la mayoría de los casos son...involuciones no más.
Mas ahora no tengo ánimos para profundizar. Frente a mí están los sucesos de las elecciones de Nicaragua (la involución rosa de la revolución rojinegra). A la que a diferencia de otros procesos no puedo analizar fríamente. Ningún revolucionario del mundo puede hacerlo, pero menos aun un revolucionario cubano cuya juventud estuvo diseñada en gran medida por la Nicaragua contestataria y espléndida; cuya música preferida eran los pintorescos y aguerridos versos de Carlos Mejías Godoy, aquella “soga con cebo” de Silvio Rodríguez que fue rota en 1979. Aquella “patria rojinegra” desangrada por los contras y el imperialismo y fenecida a manos de las urnas.
Será precisamente por el asesinato de la revolución nicaragüense a manos de las elecciones de 1990 que soy alérgica a los comicios burgueses.
Acá me detengo y les pido a mis lectores piedad, porque yo no pienso tenerla al ver que se pinta de rosa una revolución auténtica delante de nuestros vítores de “la revolución pacífica” con una victoria que en nada es comparable con aquel 1979, donde los cubanos participamos envueltos en el compromiso de la revolución latinoamericana.
Claro que nos alegra la victoria del FSLN frente a la derecha neoliberal de Montealegre, ¿mas será eso a lo que debemos conformarnos? ¿Será que no tenemos derecho a aspirar a una revolución? ¿Será que los que vivimos con el ardor de la revolución rojinegra de los 80 debemos conciliar el sueño con esta revolución espiritual y confesional pintada con el rosa más débil?
Lo que los cubanos revolucionarios tenemos que decir sobre las elecciones en Nicaragua no es una estampa más; es la estampa de los que vivimos aquella epopeya con el mismo compromiso (o más) de lo que pueda resultar la revolución bolivariana en Venezuela. Allí no estuvieron sólo médicos, maestros; estuvieron combatientes revolucionarios que entregaron sus vidas por aquella revolución...
Cuando en febrero de 1990 el FSLN se presentó a elecciones y perdió por supuesto en virtud del trabajo sucio del imperialismo, fue entonces que entendí que el Muro del Socialismo se había destruido definitivamente, y que de alguna manera algo de responsabilidad teníamos todos los revolucionarios en aquello. La caída del Muro fue mucho más dolorosa en nuestra Nicaragua que en Europa del Este.
La compensación que tuvimos en Cuba fue que en medio de aquella desolación ética, Fidel Castro enarboló las banderas de Socialismo o Muerte tratando de hacer pertinente la disyuntiva Patria o Muerte y no se dejó provocar por las sirenas de las elecciones ni de la democracia burguesa. Cuba apretó el cinturón y lloró esas sucesivas pérdidas sosteniéndose en su sitio. Un monumento de respeto deben los marxistas revolucionarios a Fidel Castro no más que por eso. No se ha dejado provocar con las elecciones capitalistas, a pesar de las interminables críticas llegadas incluso de los amigos.
En esos mismos años, cuando no permitimos que ninguna ingerencia burguesa nos amenazara, se desarrollaron en Cuba los parlamentos obreros, para dejar claro cual eran las elecciones que andábamos necesitando. La única democracia que necesita una verdadera revolución: la democracia proletaria, donde los burgueses están condenados al silencio.
En Nicaragua se apeló a la democracia representativa. Y tuvimos que ver espantados como se volvían a apropiar los burgueses de lo que era del pueblo... incluido lo que el pueblo cubano donó al nicaragüense.
Peor aun, la dirección del FSLN sin sacar las cuentas necesarias, apeló por cuatro veces a las urnas. Cada vez se despintaba más el rojo de su bandera. Ahora creen que por fin ganaron la batalla.
Sucede que han volteado tanto a la derecha, que ya es un partido electoral y que aquella organización revolucionaria que nos hizo vibrar en los 80, es uno más de los partidos electorales que nos andan sobrando en nuestra región.
Los sandinistas y sus seguidores, entre los que me cuento, debemos denunciar a viva voz que nos han expropiado el nombre y se lo han colocado a un partido que ha considerado oportuno la unidad con los enemigos para vencer.
¿Y qué cosa es la Unidad y que cosa es vencer para ellos?
“Demos gracias Dios que nos da fortaleza, que nos da fuerza de espíritu, para seguir luchando por el Trabajo, por la Paz, por la Reconciliación”5, dijo Daniel Ortega en el discurso en que cerraba su campaña. Es esa la Unidad, la Unidad incompatible, fatua y banal de los grupos humanos que se encuentran en lados opuestos de la barra y entre los que nunca podrá haber unidad. ¡Ni Jesús al que tanto se empeñan en proclamar ahora, confió en esa unidad! Recordad nada más aquel ojo de aguja por donde aquellos camellos no podían transitar de la cita bíblica.
Es obvio que todos los revolucionarios esperábamos el triunfo del FSLN . Eso sí, deberíamos analizar con más cuidado los planteamientos de Ernesto Cardenal cuando incluso instaba a no votar por el Frente ¿pero de qué Frente hablamos? El sofisma “Gran Unidad Nicaragua triunfa” es quien fue a elecciones, y en una amalgama incoherente de Reconciliación con Revolución Ortega le ha ofrecido la paz y la concordia a los nicaragüenses ¿Qué se entiende por revolución espiritual? ¿Cómo se define? . Como nos dijo Ernesto Cardenal ¿unidad entre pobres siguiendo como pobres y los ricos como ricos? ¿Es esa la unidad que necesita Nicaragua? ¿Hay ley de punto final a los corruptos de Arnoldo Alemán y los contras?
Escuchemos lo que le dijo Tomás Borge, comandante fundador del FSLN a un periodista del Clarín:
¿Cómo no vamos a querer tener buenas relaciones con ellos (Estados Unidos)?¨ Un país económicamente fuerte, que si quisiera podría ser de gran ayuda para Nicaragua y para sacar a este país de la pobreza. Si nos ayudan, estamos dispuestos a abrazar al gobierno de Estados Unidos, con el corazón abierto.”6
Corazón abierto a los Estados Unidos de Norteamérica que asesinó a la revolución nicaragüense ¿Qué es lo que ha cambiado en ese gobierno que no sea para peor?
A la pregunta de a qué Borge llama izquierda, responde:
”Trabajar por los pobres, pero sin pelearnos con los ricos, porque eso es posible. Ser antiimperialistas, como lo somos, y buscar cómo salir del atraso. Y también ser decentes, apegados a una ética y a principios morales”.6
Pero al colmo se llega cuando Tomas Borge pide disculpas por la revolución nicaragüense:
“Mire, ojala vuelva una parte de la Revolución, aquella de la salud para todos, la alfabetización, el descenso de la mortalidad infantil y materna. Fuimos un país muy digno y lo dejamos en claro ante quienes querían dictaminar qué debíamos hacer. Pero fuimos arrogantes y espero que no regresen los males de una reforma agraria arbitraria, la nacionalización del comercio interior o las arbitrariedades que se dieron con las expropiaciones, por ejemplo y los recortes a las libertades públicas y de expresión”.6
No me entero todavía como harán justicia social con mecanismos de propiedad sobre los medios de producción en uno de los tres países más pobres de la región.
Tan es así que el líder del Partido Nacional Liberal Ricardo Castillo Quant militante del otrora partido de Anastasio Somosa expresó con sinceridad pasmosa:
“Los sandinistas han pedido perdón al pueblo de Nicaragua y debemos apreciar que lo que pasó ya no tiene remedio, pero hay que hacer esfuerzo de dejar el pasado y comenzar de nuevo."7
La tesis de paz y reconciliación en un país con el 60% de pobres suena (al menos a los revolucionarios) muy agrio e hipócrita. Basta volver a leer a Ernesto Guevara para saber que esa revolución espiritual que se proponen a ser en Nicaragua es mera caricatura de revolución.
No sólo esto, como citan muchos analistas, Daniel Ortega intenta mantener TLC firmado con los Estados Unidos (CAFTA), a pesar de iniciar colaboraciones con el ALBA, lidereada con la Venezuela bolivariana y Cuba socialista. ¿Como logrará hacer compatibles ambos proyectos?, sólo Dios lo sabe, porque ambos proyectos, a decir del Presidente Chávez, son diametralmente opuestos y excluyentes. Daniel Ortega se ha aliado burdamente a Arnoldo Alemán, el político más corrupto que haya conocido Nicaragua, más aun, su vicepresidente es uno de los contra que con el apoyo de Ronald Regan y la CIA asesinaron a cientos de jóvenes sandinistas que trataban de salvar la revolución de Sandino.
Y como broche dorado para el nuevo traje del mal llamado sandinismo, los que otrora levantaban la bandera rojinegra, se codean con la iglesia de la derecha que coadyuvó a destrozar la revolución. Nuevos aliados de Ortega son el Arzobispo de Managua Leopoldo Brenes y el Cardenal Miguel Obando, que tanto daño hicieron a la verdadera religión, allá en otros lejanos tiempos, cuando la teología de la liberación era quien representaba a Dios y a los pobres en Nicaragua.
Tomás Borge por su parte en esa lamentable entrevista el 8 de Noviembre en el Clarín. a una pregunta sobre la concepción que tenía sobre la izquierda dijo que la revolución sandinista no fue de izquierda:
”No, aquello no era izquierda, fuimos insensatos, arrogantes, burócratas y fuimos una frustración por los errores que cometimos. Ahora somos una izquierda realista, lúcida, fieles a los intereses de los pobres”.6
Al buen entendedor... basta con esto. La Nicaragua revolucionaria por la que dieron la vida tantos hombres y mujeres, inspirados en el ejemplo de Carlos Fonseca Amador, todos ellos, fueron insensatos y burócratas. ¡Válgame Dios!
Ni siquiera es esto lo más vergonzoso: Esta reconciliación con la derecha de la iglesia católica es un bofetón a los verdaderos creyentes.
Hace pocas semanas los "danielistas" votaron en el Congreso la anulación de la ley que permitía abortos terapéuticos. Una ley que estuvo presente incluso en los gobiernos más trogloditas. Ahora se deroga a expensas de lo que fue una revolución. ¿Cómo explicar que en eso consiste la política, como se cansan los “políticos” de decirme?
La señora Murillo, esposa y jefe de campaña de la cosa esa que se llama: Unidad Nicaragua Triunfa, que venció en las elecciones del pasado día 5 de Noviembre, ha confesado que:
“Nosotros, precisamente porque tenemos fe, tenemos religión; porque somos creyentes, porque amamos a Dios sobre todas las cosas, es que hemos sido capaces de sobrellevar tantas tormentas, ¡sin inmutarnos! únicamente, aprendiendo de cada dificultad, lo que el Señor ha querido enviarnos como lección, como aprendizaje. Por eso también defendemos, y coincidimos plenamente con la Iglesia y las Iglesias, que el aborto es algo que afecta, fundamentalmente a las mujeres, porque ¡jamás nos reponemos del dolor y el trauma que nos deja un aborto! Cuando las personas tienen o han tenido que recurrir a eso, jamás se reponen.”8
No se dónde estaba escondido Dios frente a tantos niños hambrientos y desvalidos, no acabo de entender cuál aprendizaje extrajeron en estos 16 años que no fuese la alianza con los asesinos de los pobres.
Aunque no soy creyente, me siento cristiana en lo más profundo. Por eso estoy al lado del padre Ernesto Cardenal, aunque muchos consideran exageradas sus críticas al danielismo, yo trato de interpretar el desprecio que se alberga contra los traidores de un ideal. Su artículo del 27 de Octubre9 es un llamado a los que no acaban de entender la metamorfosis de ese movimiento.
Ernesto Cardenal es un amigo de mi revolución. Le recuerdo siendo niña al lado de mi madre en Casa de las Américas. Está asociado a los recuerdos más puros de mi primera juventud. Su ,ya desde entonces, blanca cabellera y aquella serena confianza que emana el sincero cristianismo le confirió la confianza de la revolución cubana. Él pertenece a ese cristianismo que a decir de José Martí murió en manos de la burocracia de la jerarquía eclesiástica. Ernesto Cardenal ostenta la medalla José Martí, otorgada por el Consejo de Estado de Cuba...la firma Fidel, nadie más. No creo que nadie acuse a Ernesto Cardenal de no saber de política. Es por eso que me siento a su lado y pertenezco a su partido.
Por otra parte constituye un asesinato en serie penalizar el aborto terapéutico, mas cuando eso se hace para ganar unos votos, se convierte en una criminal ironía.
¡No señora Murillo! ¡De lo que no nos reponemos las mujeres es de no decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras prioridades! ¡De lo que no nos reponemos es que una niña de 12 o 13 años sea violada y deba parir aunque no esté en condiciones de cuidarse siquiera a sí misma! ¡La que no se repondrá nunca es la vida de la joven que murió sin asistencia médica por un embarazo que requería bajo las más elementales normas éticas de ser interrumpido frente a los ojos de los galenos, que no sé si a la sazón puedan dormir en paz! La joven y el bebé murieron sin piedad. Hipócrates sin dudas les cobrará a esos médicos no haberla salvado.
Los ricos no tienen problemas. Viajan a los Estados Unidos o a Europa y abortan o componen el embarazo Esa derogación es contra las mujeres pobres.
Los movimientos feministas de Nicaragua y de América Latina deberemos luchar contra la derogación del derecho al aborto. El colmo que se haga eso en nombre de la revolución espiritual..
Uno de los orgullos de ser revolucionaria cubana es ver como se cuida en Cuba el embarazo de la mujer. Todas las que concebimos marchamos seguras y felices esos nueve meses, sabiendo de la asistencia gratuita y responsable. Muchos familiares y amigos prestaron servicios de salud en la Nicaragua revolucionaria, incluida una hija del Che Guevara, que fue como médico pediatra a ese país y se convirtió en una médico internacionalista.. Aleida Guevara proclama con orgullo aquel primer aprendizaje. Si es que en virtud del ALBA los médicos cubanos asisten a Nicaragua.... ¿Qué harán frente a un caso donde peligra la vida de la mujer por no poderse realizar el aborto en virtud de la ley derogada? Estoy segura que los médicos cubanos salvaran la vida de las mujeres so pena de ser condenados a ocho años de prisión.
Para terminar no se me olvida lo que mis críticos van a reprocharme sin dudas: Que el Comandante Fidel dio su apoyo a Daniel Ortega.
Lo sé; y me he tardado tanto en escribir pensando en eso. No sólo por la devoción que le tengo, mucho más en estas circunstancias concretas en que se encuentra su salud, mas en las noches de insomnio, debatiéndome en este dilema, volví a pensar que una cosa es el Presidente de Estado Fidel Castro, al que por supuesto le alegra que un gobierno neoliberal sea derrotado en la región, sean cual sean las circunstancias; y otro es mi Comandante de verde olivo, que a diferencia de Daniel Ortega nunca se ha cambiado su traje, a ése que sufre por cada niño o mujer que muere en el mundo; que abre la puerta de nuestros escasos recursos para los pobres, a ése para el cual la política es la verdad y nos ha enseñado a ser honestos..a ése es al que le debo entera lealtad.
Sí, al Comandante en Jefe le estoy siendo fiel, aunque muchos me griten lo contrario, aunque él mismo pueda recriminar estas líneas.
Hablo a título personal. No represento ni a mi Partido, ni a mi gobierno, hablo por mí misma, por los impulsos de haber nacido y crecido en la revolución cubana con la presencia del estadista más honesto que recordará la historia del hombre.
¡Ah sí! Quizás un poquito con el recuerdo de Haydée Santamaría, que fue una de las primeras que viajó a la Nicaragua sandinista en 1979 y que vino de allá llena de flores de papel y de luces. Tal vez haya sido esta revolución la última felicidad de mi madre antes de abandonarme en 1980.
Por lo demás son los argumentos de una cubana, que a pesar de su edad, no parece entender la política.
Algo sí movió mis esperanzas. Y es que, a pesar de todo, el pueblo de Nicaragua sigue siendo sandinista. Y es a ese pueblo al que me sumo con la linda bandera de Sandino, esa bandera rojinegra que es la bandera de mi 26 de Julio, que es la bandera de los anarcosindicalistas, y inundó las calles de Managua, a pesar de la estúpida bandera rosa.
Con esa bandera, con el autentico himno de Nicaragua, sin dudosas modificaciones, de apelaciones a la paz, criticando con fuerza al imperialismo, la revolución nicaragüense se levantará y dejará de ser una mera elección rosa y volverá a ser la novia rojinegra de nuestro querido Carlos Fonseca Amador en memoria a sus 30 años de muerte.
Y termino con una enseñanza de José Martí que parece haber estado escrita para estas circunstancias; está escrita para aquellos ...esos... que saben mucho de política.
“La política es una ocupación culpable cuando se encubren con ella, so capa de ocupaciones indebidas, la miseria y desdicha patentes, la gran miseria y gran desdicha del pueblo, que los soberbios y los despaciosos suelen confundir con su propia timidez y complacencia.”10

Celia Hart

Referencias

Ernesto Che Guevara. “Tácticas y estrategia de la revolución latinoamericana”. Octubre – Noviembre 1962( publicada en Verde Olivo el 6 de Octubre de 1968)
José Martí “ Ciegos y desleales Obras Escogidas en III tomos Editorial Política 1981 Tomo III p182
Ernesto Che Guevara. “Pasajes de la Guerra Revolucionaria”. 1959. Ediciones huracán 1975 p.10
Néstor Kohan. “Crisis orgánica y revolución pasiva. El enemigo toma la iniciativa” Rebelión 28 de Octubre 2006
Daniel Ortega. Palabras de fin de la campaña electoral 4 de Nov.2006
Tomas Borge “El Clarín” 8 de Noviembre 2006
Ricardo Castillo Quant Nicaragua` para las elecciones de noviembre... AFP , Managua Boletín informativo de la Izquierda radical 27 de agosto 2006
Palabras de Rosario Murillo a través de la Nueva Radio Yasobre el inicio de Campaña de la Gran Unidad Nicaragua Triunfa 15 de agosto .( Periodista Denis Schwarzt)
Ernesto Cardenal Rebelión 27 de octubre 2006
José Martí. Política insuficiente Obras Escogidas en III tomos Editorial Política 1981 Tomo III p179

jueves, noviembre 23, 2006

Carta abierta al pueblo y al gobierno de USA (y respuesta a las FARC).


El 9 de noviembre de 2006, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) enviaron una “Carta abierta al pueblo de Estados Unidos". La dirigieron específicamente a algunos productores y actores de Hollywood (Michael Moore, Denzel Washington y Oliver Stone), así como a tres universitarios izquierdistas (James Petras, Noam Chomsky y Angela Davis) y a un político progresista (Jessie Jackson). Dicha carta abierta pedía nuestro apoyo para facilitar un acuerdo entre los gobiernos de USA y Colombia y las FARC-EP para intercambiar 600 guerrilleros encarcelados (entre ellos 2 enjuiciados en USA) por 60 prisioneros que están en manos de los rebeldes, entre ellos 3 expertos usamericanos en contrainsurgencia.

FARC-EP: ¿Banda terrorista o movimiento de resistencia?

Contrariamente a la posición del gobierno de USA, que tilda a las FARC-EP de “organización terrorista”, éstas son hoy en día el movimiento guerrillero campesino más importante y antiguo del mundo. Fundadas en 1964 por dos docenas de campesinos activistas con el fin de defender a las comunidades autónomas rurales de las violentas depredaciones de los militares y paramilitares colombianos, las FARC-EP se han convertido en un ejército guerrillero altamente organizado de unos 20.000 miembros con varios cientos de miles de milicias locales y partidarios y una enorme influencia en más del 40% del país. Hasta el 11 de septiembre de 2001, la mayoría de los países de la Unión Europea y América Latina reconocían a las FARC-EP como un movimiento legítimo de resistencia y durante varios años mantuvieron negociaciones de paz con el gobierno colombiano dirigido por el presidente Andrés Pastrana. Antes del 9/11, los líderes de las FARC se reunieron con jefes de Estado europeos para intercambiar ideas sobre el proceso de paz. Numerosos y destacados dirigentes económicos de Wall Street, de la City londinense y de Bogotá, así como personajes importantes como la reina Noor de Jordania, se reunieron con líderes de las FARC en la zona desmilitarizada durante las fallidas negociaciones de paz (1999 - 2002).
Bajo fuertes presiones de la Casa Blanca, en particular de sus portavoces ultraderechistas más prominentes, como Otto Reich, Roger Noriega y John Bolton, el régimen de Pastrana rompió repentinamente las negociaciones y en menos de 24 horas envió al ejército colombiano a la zona desmilitarizada, en un intento de capturar a los jefes de las FARC comprometidos en las negociaciones. El ataque “por sorpresa” fracasó, pero sentó las bases para la escalada del conflicto.

Papel de USA en el conflicto

Empezando por el gobierno de Clinton en 2000 y siguiendo con el de Bush, USA ha desembolsado cuatro mil millones de dólares en ayuda militar al régimen colombiano con el fin de destruir el ejército guerrillero y su supuesta base social entre campesinos, sindicatos urbanos y profesionales (especialmente profesores, abogados, activistas de derechos humanos e intelectuales). Washington favorece enérgicamente una solución militar subvirtiendo cualquier intento de negociaciones de paz, y para ello cuenta con un gran número de consejeros militares, mercenarios, agentes antidrogas, agentes de la CIA, comandos de Cuerpos Especiales y otros muchos funcionarios encubiertos. Desde principios de la década de los ochenta y finales de los noventa, Washington mantuvo la ficción de que sus programas militares formaban parte de una campaña contra los narcóticos, aunque sin explicar por qué concentraba la mayor parte de sus esfuerzos en las regiones bajo la influencia de las FARC y no en las extensas áreas de cultivo de coca controladas por los militares y paramilitares colombianos. Con el inicio del Plan Colombia en 2000, Washington subrayó explícitamente la naturaleza contrainsurgente de su ayuda militar y su presencia. La Casa Blanca, extremadamente enojada por la aceptación de las negociaciones de paz por parte del presidente Pastrana y los avances de los movimientos guerrilleros y sociales, apoyó para presidente a Álvaro Uribe, un político derechista vinculado a los escuadrones de la muerte del país. Su victoria electoral inició una de las más sangrientas campañas de exterminio de la violenta historia de Colombia.
Oficiales militares usamericanos y sus homólogos colombianos financiaron una fuerza de escuadrones de la muerte de 31.000 miembros que devastó el país y asesinó a miles de campesinos en las regiones donde las FARC tienen más presencia. Cientos de sindicalistas fueron asesinados a la luz del día por sicarios en las ciudades y pueblos ocupados por el ejército. Activistas de derechos humanos, periodistas y universitarios que se atrevieron a denunciar la impunidad de los militares involucrados en las masacres fueron raptados, torturados y asesinados; no era infrecuente que apareciesen decapitados o destripados para aumentar el terror. Más de dos millones de campesinos se vieron forzados a abandonar su región para instalarse en barriadas urbanas miserables, mientras que conocidos jefes paramilitares o grandes terratenientes les embargaban las tierras. La “limpieza de clase” en el campo se llevó a cabo de acuerdo con los manuales de contrainsurgencia del Pentágono, que instruyen a los militares colombianos sobre cómo destruir la “infraestructura social” de los movimientos guerrilleros, especialmente de las FARC, que poseen amplios y antiguos vínculos familiares, comunitarios y sociales con los campesinos.
El presidente Uribe encarna al clásico gobernante sudamericano: se lanza a degüello contra los pobres y se pone de rodillas ante su patrón de Washington. Sus perpetuas campañas a gran escala diezmaron el campo, pero fracasaron a la hora de debilitar a las guerrillas o incluso de capturar a algún miembro del mando general de las FARC. Al cabo de seis años de masivas y costosas campañas de exterminio, algunos oficiales militares usamericanos de alto grado y la mayoría de sus colegas colombianos reconocieron que una victoria militar sobre el FARC era muy improbable. Según los estrategas militares, a lo más que se podría llegar sería al debilitamiento de las FARC, forzándolas a negociar un “acuerdo de paz” favorable al régimen.

Breve historia de las negociaciones de paz

Durante la presidencia de Belisario Betancourt (a mediados de los ochenta), las FARC aceptaron un cese el fuego y muchos de sus miembros entraron en el proceso electoral. Miles de guerrilleros, sus simpatizantes y muchos izquierdistas independientes crearon un partido político, la Unión Patriótica, y presentaron candidatos a todos los estamentos del gobierno. En menos cinco años, el ejército y sus escuadrones de la muerte asesinaron a 5000 activistas, candidatos y cargos elegidos, entre ellos dos candidatos a la presidencia, algunos congresistas, diversos alcaldes, cientos de concejales y líderes locales del partido. Los supervivientes regresaron a la guerrilla, escaparon al exilio o pasaron a la clandestinidad. Contrariamente a lo que pretendía el gobierno, Colombia no era una “democracia” en el sentido habitual del término, sino una “democracia de escuadrones de la muerte” en la que las condiciones y normas políticas más elementales para la participación en una campaña electoral brillaban por su ausencia. Menos de dos décadas después, cuando las FARC habían extendido su influencia hasta una distancia de 65 kilómetros de Bogotá, el gobierno de Andrés Pastrana accedió a otra ronda de “negociaciones de paz” en una amplia región desmilitarizada bajo el control de las FARC.
Durante las negociaciones, cientos de “visitantes” de todos los sectores de la sociedad colombiana, así como importantes personalidades políticas y de negocios procedentes del extranjero, participaron en foros públicos. Los debates abiertos organizados por las FARC abordaron asuntos sociales, económicos y políticos fundamentales. Por primera vez en la memoria reciente, los temas de la reforma agraria, la inversión pública en programas de creación de empleo, la inversión extranjera y la propiedad pública, las alternativas económicas al cultivo de la coca, la educación y la salud se debatieron sin miedo a las represalias de los escuadrones de la muerte. La imagen de las FARC como “fuerza militarista narcoguerrillera” quedó en entredicho; muchos observadores previamente hostiles de Europa, América Latina y América del Norte, incluso si no estaban de acuerdo con algunas de las reformas propuestas por las FARC, partieron con la impresión de que se podía negociar y alcanzar acuerdos para terminar la guerra civil.
La radicalización del régimen de Bush tras el 11 de septiembre de 2001 sirvió de pretexto para forzar una ruptura en las negociaciones de paz. Más tarde, con la elección de Álvaro Uribe, las FARC fueron incluidas en la lista de organizaciones “terroristas”. La Unión Europea, que se había reunido y había consultado públicamente con los mismos jefes de las FARC, siguió el camino dictado por USA. Poco después se detuvo a negociadores de las FARC y representantes internacionales en Bolivia, Brasil, Venezuela y Ecuador. Los dos últimos países entregaron a representantes de las FARC a la brutal policía política colombiana (la DAS). Con la excusa de la “guerra contra el terrorismo” de Washington, el presidente Uribe se dedicó a reprimir sin piedad huelgas generales sindicales y grandes manifestaciones rurales de las principales organizaciones agrícolas que protestaban contra el acuerdo de “libre comercio” firmado con USA.
En medio de la carnicería patrocinada por el gobierno, las FARC siguieron una estrategia de retirada táctica a sus refugios en la selva y en las montañas y anunciaron propuestas de liberación mutua de prisioneros como primer paso en el “establecimiento de confianza” para las futuras negociaciones de paz.
Las FARC tienen prisioneros a más de 60 políticos colombianos y oficiales del ejército, entre ellos a Ingrid Betancourt, una ex candidata a la presidencia, y tres “contratistas militares” -así los describe USA- implicados en servicios de inteligencia. El gobierno colombiano tiene prisioneros a más de 600 guerrilleros. USA tiene prisioneros a dos miembros de las FARC. Éstas propusieron una reunión para organizar un intercambio de prisioneros en una zona desmilitarizada. Naturalmente, las familias de los prisioneros de las FARC estaban unánimemente a favor de la propuesta, como también lo estaban las organizaciones de la sociedad civil y los grupos humanitarios, religiosos y de defensa de los derechos humanos. USA se ha opuesto a cualquier intercambio y Uribe se hizo eco de su amo, por lo menos durante su primer período presidencial. El eslogan utilizado era que liberarían a los prisioneros por medios militares. Durante los últimos cinco años no se ha liberado a ningún prisionero. Muy al contrario, en una reciente incursión militar fallida murieron diez presos, entre ellos un ex ministro de Defensa, un gobernador y ocho oficiales del ejército. Bajo la enorme presión de la sociedad civil colombiana, de la Unión Europea y de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, el presidente Uribe declaró tras su reelección que estaba dispuesto a iniciar negociaciones para un intercambio. Sin embargo, al cabo de un mes faltó a su palabra usando como pretexto una bomba que estalló en una instalación militar, que él atribuyó a las FARC a pesar de que éstas negaron su autoría. Los expertos sospechan que fue una operación encubierta de los servicios secretos de Colombia para socavar cualquier avance hacia un intercambio de presos.

Perspectivas de las negociaciones de paz

Fuera de Washington y del entorno inmediato del presidente Uribe, todo el mundo está de acuerdo con que cualquier proceso de paz debe comenzar con la adopción de medidas que inspiren confianza, especialmente el intercambio de prisioneros.
Esas negociaciones se complicaron de forma inmediata; el 31 de diciembre de 2004 USA extraditó a dos presos de las FARC retenidos por el gobierno colombiano y los mantuvo en celdas de aislamiento, atados durante 23 horas al día. El 16 de octubre de 2006, se juzgó por “tráfico de drogas” y “terrorismo”, así como por “secuestro”, a uno de los presos políticos de las FARC, Ricardo Palmera, más conocido por su nombre de guerra, Simón Trinidad. Se trata de un clásico “juicio político espectáculo”, en el cual se ha organizado una detención ilegal, se han fabricado pruebas y procedimientos judiciales lesivos para asegurar una sentencia condenatoria.
El aspecto más sospechoso de esta farsa política es la caracterización del papel de Trinidad en las FARC. Había sido su principal negociador de paz, como resultó evidente cuando fue reconocido como el principal interlocutor de las FARC con el presidente colombiano Andrés Pastrana durante las negociaciones de paz de 1999-2002. Hay numerosas fotografías, noticias, informaciones y entrevistas de la época en los medios de comunicación colombianos y europeos que claramente identifican a Trinidad como un negociador clave para la paz. No menos importante es que Trinidad fue el principal intermediario de las FARC para las relaciones con el representante de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, James Lemoyne, nombrado por el gobierno de USA y asimismo antiguo periodista corresponsal del New York Times en América Latina.
Reconociendo que la posición de Trinidad como negociador de paz de las FARC con misiones fundamentalmente diplomáticas comprometía gravemente las alegaciones de Washington, el fiscal federal modificó la acusación de que estuviese directamente implicado en el “secuestro” de tres oficiales contrainsurgentes usamericanos retenidos como prisioneros de guerra por las FARC por otra de “asociación” con los secuestradores y “conspiración” para cometer el delito de “secuestro de rehenes”. El fiscal federal se ha beneficiado del lenguaje de la nueva legislación antiterrorista, aprobada por los presidentes Clinton y Bush, para acusar a Trinidad. Todas las organizaciones usamericanas importantes de libertades civiles y la Asociación de Abogados de USA [American Bar Association] han denunciado este marco legal por violar la constitución del país.
La acusación de “asociación” está fundamentada en las insostenibles alegaciones de que Trinidad “se reunió” con los tres oficiales usamericanos contrainsurgentes tras su captura, una acusación que carece de prueba concreta alguna: la acusación no tiene testigos ni documentos de tal encuentro, ni especifica el momento, la fecha o el lugar para el supuesto encuentro. De hecho, en ese momento Trinidad estaba en otra provincia dirigiendo un programa educativo de las FARC. La acusación de “conspiración” está fundada en la pertenencia de Trinidad a las FARC, que fue tachada de “organización terrorista” por el presidente Clinton en 1997, una catalogación rechazada por la Unión Europea, que poco después recibió a un grupo de dirigentes de las FARC y de negociadores de paz en gira [por Europa]. Por otra parte, el presidente colombiano Pastrana, que estuvo implicado en las negociaciones de paz con las FARC entre 1999 y 2002, rechazó la calificación de “terrorista” por considerar que Trinidad era un interlocutor legítimo.
La larga historia política de las FARC, sus vínculos históricos con un amplio segmento del campesinado colombiano, su programa político de reformas sociales, la uso de la fuerza en el conflicto exclusivamente contra el ejército del Estado colombiano, su búsqueda constante de las negociaciones de paz fundamentadas en la reforma social y del ejército están en clara contradicción con todas y cada una de las definiciones de “organización terrorista”.
La mera idea de “secuestrar” a tres oficiales militares o de inteligencia de USA implicados en una operación militar de vigilancia contra la insurgencia en una zona de combate es absurda. Como combatientes capturados son, de acuerdo con los Convenios de Ginebra, prisioneros de guerra y, como tales, están sujetos a posibles intercambios de prisioneros si las partes en conflicto lo acuerdan. El fiscal federal adujo que Trinidad estuvo implicado en el intercambio de prisioneros cuando fue ilegalmente detenido en Ecuador y trasladado a Colombia y, posteriormente, extraditado a USA. En el juicio, Trinidad rechazó tal alegación demostrando que estuvo en Ecuador para organizar un encuentro entre Lemoyne y un importante dirigente guerrillero. La acusación no presentó pruebas escritas o grabadas que relacionasen a Trinidad con ningún “intercambio de prisioneros”.

La captura ilegal y la detención de Simón Trinidad

Cualquier proceso jurídico que merezca tal nombre debería desestimar la acusación basándose en el carácter ilegal de la detención. A finales de diciembre de 2003, Trinidad viajó a Quito (Ecuador) para contactar con James Lemoyne sobre posibles negociaciones de paz con el gobierno colombiano, empezando por la creación de un clima de confianza y medidas humanitarias relacionadas con prisioneros y cautivos. Durante negociaciones anteriores de paz, Lemoyne fue un mediador honrado que rechazó las presiones del embajador de USA para hacer fracasar los encuentros. Debido a la tremenda escalada militar llevada a cabo por el presidente Uribe, Trinidad no tuvo la oportunidad de reunirse en Colombia con Lemoyne. Las FARC supieron que Lemoyne estaba dispuesto a entablar conversaciones en Quito.
Bajo la dirección de la CIA, un escuadrón ilegal conjunto colombiano-ecuatoriano apresó a Trinidad. La operación violó en su totalidad la soberanía ecuatoriana, los procedimientos judiciales y los derechos de recurso político. La detención extraterritorial de los dirigentes de la oposición y su traslado a los tribunales imperiales se parecen a las prácticas del Imperio Romano y no a la legislación internacional contemporánea.
Mientras estuvo cautivo, a Trinidad se le negó el acceso a traducciones, documentos y material escrito. Estuvo esposado en una celda de aislamiento 23 horas al día durante 21 meses sin abogado defensor. El juez federal, Thomas Hogan, y el fiscal federal actuaron para predisponer el juicio incluso antes de que empezara. Alrededor de 30 policías armados en una caravana de vehículos escoltados por helicópteros llevaron a Trinidad esposado ante el tribunal. Se le negó la elección de abogado y se le asignó un equipo de letrados nombrados por el tribunal. Cuando sus abogados intentaron aportar un contexto histórico pertinente, que incluía los intentos de las FARC de participar en los procesos políticos electorales y la subsiguiente masacre de 5.000 militantes y candidatos –entre ellos dos candidatos presidenciales-, la fiscalía protestó. La fiscalía también protestó por la descripción que hizo la defensa del generalizado y continuo estado de violencia en Colombia y del papel de las fuerzas de contrainsurgencia de USA en alianza con los grupos paramilitares.
En esta pesadilla kafkaiana de una sala de juicio, el fiscal pidió al juez que ocultara los nombres del jurado para protegerlos de la “venganza” de la “organización terrorista” de Trinidad (en lo más profundo de la selva colombiana), con lo que predispuso aún más a un jurado ya atemorizado y a un juez tendencioso.
El grupo de letrados de la defensa nombrados por el tribunal no consiguió contrarrestar la más elemental de las afirmaciones perjudiciales realizadas por el testigo clave de la acusación, un coronel del ejército colombiano, que se refirió a Trinidad como “terrorista” a pesar del hecho evidente de que todavía no había sido acusado [de terrorista]. El juez Hogan se negó a permitir a los miembros del jurado que se llevasen sus cuadernos con las notas tomadas durante el juicio y les negó el acceso a las transcripciones, impidiéndoles una evaluación racional de las pruebas.
La refutación de Trinidad del testigo colombiano de la acusación y la escandalosa naturaleza de este “juicio político espectáculo” resultaron evidentes desde el primer día en que el jurado se dirigió al juez. El jurado declaró que sus miembros estaban profundamente divididos en todas las acusaciones y pidieron al tribunal que declarase la nulidad del juicio por falta de consenso. Tras 18 días de sesiones muy tensas, demagógicos e inflamados discursos políticos, los jurados apenas deliberaron durante siete horas antes de anunciar que estaban en un punto muerto. Una nota de uno de los jurados al juez del distrito, Thomas Hogan, afirmaba: “[…] Creemos que nuestras diferencias, fundamentadas en profundas reflexiones, son irresolubles”. El juez Hogan denegó la petición de Trinidad de un juicio nulo, ordenó al jurado que siguiese deliberando y afirmó que declararía la nulidad si los jurados repetían su declaración de estar en un punto muerto por segunda vez.

Conclusión

El “juicio político espectáculo” de Simón Trinidad es un flagrante ejemplo de las amenazas a las libertades constitucionales, a las cuales nosotros y los ciudadanos del mundo nos enfrentamos ante el poder sin límite del presidente de USA para gobernar por encima de todos los derechos de los estados soberanos y de sus ciudadanos, de la legislación internacional y de las libertades constitucionales.
Igualmente importante es la actual realidad de las detenciones ilegales extraterritoriales, los secuestros y los procedimientos arbitrarios al servicio de las sangrientas políticas imperiales y de los gobernantes clientelistas, cuyos actos están devastando la sociedad colombiana. El salvaje programa contrainsurgente llamado “Plan Colombia” ha desplazado a más de dos millones y medio de campesinos y pobladores de las chabolas [1] de las ciudades; el número de personas desplazadas se sitúa sólo detrás del de Afganistán. Los programas de contrainsurgencia, denominados de formas variadas (“Plan Colombia”, “Plan Patriótica” y “Seguridad Democrática”) están financiados por USA y promovidos por su cliente el presidente Álvaro Uribe. El sindicato usamericano AFL–CIO [1] documenta más de 4.000 sindicalistas asesinados entre 1986 y 2002; el gobierno colombiano sólo ha investigado 376 casos, de los cuales sólo cinco han terminado con la condena del asesino. Según los grupos colombianos de derechos humanos, entre los años 2003 y 2006 el ejército de Uribe y sus aliados paramilitares han asesinado a casi mil sindicalistas más. Durante los últimos cinco años, 30.000 campesinos, maestros rurales y líderes indígenas y campesinos han sido asesinados con impunidad. El estado de represión (“[Plan] Seguridad Democrática”) se ha centrado en la debilitación de los sindicatos en contra del Acuerdo de Libre Comercio usamericano-colombiano, no en la debilitación de las guerrillas armadas. Con alrededor de un 68 por ciento de la población colombiana que vive por debajo del umbral de la pobreza de dos dólares al día, y con las expropiaciones de tierra a manos de los dirigentes paramilitares, con los magnates del ganado y los mandos militares que concentran la propiedad de la tierra a una escala sin precedentes, no es de extrañar que la resistencia guerrillera esté reclutando voluntarios y se enfrente con éxito a las campañas militares apoyadas por el gobierno, cada una de las cuales lleva un título triunfalista y todas terminan en un estrepitoso fracaso. Sin unas profundas reformas sociales y políticas y a falta de un modelo económico que integre a los millones de desplazados, aterrorizados y excluidos, no hay estratega o estrategia militar -por muy financiada y bien dirigida que esté- que pueda acabar con este conflicto civil.
El primer paso para la resolución de este conflicto de medio siglo es el reconocimiento de que Colombia está sumida de una guerra civil, no en una “guerra contra el terrorismo”. El segundo es la puesta en libertad de los protagonistas del proceso de paz, Simón Trinidad y su compañera Sonia, como un paso concreto hacia un intercambio humanitario de prisioneros y la instauración de medidas en las que confiar, que abran la vía de unas negociaciones de paz a gran escala.
Paradójicamente, el final del derramamiento de sangre colombiano podría empezar en Washington, en un tribunal federal, o posiblemente en el Congreso de USA, con el reconocimiento de que USA es una parte armada en la guerra civil de Colombia, de que sus combatientes son prisioneros de guerra y de que su puesta en libertad final depende del reconocimiento de los límites del poder militar usamericano (y de su cliente colombiano) y de que un acuerdo diplomático negociado es la única alternativa real.
Espero reunirme con artistas e intelectuales como Denzel Washington, Oliver Stone, Michael Moore, Noam Chomsky y Angela Davis, mencionados en el llamamiento de las FARC, en un esfuerzo común para presionar al gobierno de USA con el fin de llegar a un acuerdo de intercambio de prisioneros (tanto en USA como en Colombia), lo que incluye a los combatientes usamericanos.

James Petras

Notas de los traductores:

[1] Chabolas en España, favelas en Brasil, ranchitos o villamiserias en otras zonas de América Latina.
[2] American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations.

James Petras es sociólogo y escritor usamericano, autor de numerosos textos sobre América Latina.

miércoles, noviembre 22, 2006

Entrevista al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de Chile.

Poder popular y lucha contra el imperialismo en la América Latina contemporánea

Néstor Kohan: ¿Cómo y cuándo nace el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)?
Frente Patriótico Manuel Rodríguez: El nacimiento “oficial” del FPMR fue un 14 de diciembre de 1983, por medio de una acción armada, un sabotaje al sistema eléctrico nacional, que produjo un apagón en gran parte del país. Fue el Partido Comunista de Chile (PCCh) el máximo responsable en la creación del Frente, pero ni fue absoluto ni apacible este papel. Fueron casi diez años de una compleja lucha ideológica en su interior que significaría no sólo el nacimiento del Frente, sino toda una concepción político militar que desembocaría en la política de Rebelión Popular contra la dictadura militar, con un complejo de estructuras no tan famosas pero tan importantes como el FPMR.
N.K.: ¿Por qué eligen ese nombre?
FPMR: Entre los meses de Julio y Diciembre de 1983 aparece el nombre de FPMR., y según testimonios de algunos participantes, el Jefe del FPMR, Raúl Pellegrin “Comandante José Miguel” llegó ante sus subordinados con el nombre de la organización uno o dos meses antes del 14 diciembre de 1983, fecha oficial designada como de su fundación. El nombre indica la reivindicación histórica de Manuel Rodríguez, héroe de la guerra contra el colonialismo español en el siglo 19, cuyas acciones guerrilleras hostigaron y debilitaron a las fuerzas realistas de la misma manera que mantuvieron vivo el espíritu rebelde y libertario de los patriotas. Lo de “Frente Patriótico” era en 1983 expresión de una política que buscaba la unidad de todas las fuerzas antifascistas de Chile.
N.K.: ¿Cuál es el balance histórico que realiza hoy el FPMR de la política que fue hegemónica en el seno de la Unidad Popular (UP) durante el gobierno de Salvador Allende [1970-1973] y de los intentos alternativos durante aquella época por parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)?
FPMR: Con el golpe militar de septiembre de 1973 los militares iniciaron una guerra contra el Gobierno Popular de Salvador Allende y todos sus partidos políticos y adherentes, que había realizado cambios en terrenos sensibles para los sectores mas privilegiados de la sociedad chilena y perjudicaba de manera ostensible los intereses de los EEUU en el país. Sin embargo esos cambios se pretendían realizar desde, o respetando la institucionalidad burguesa.
En efecto, el proyecto popular (desde 1952, en que por primera vez se postula Salvador Allende) carecía de toda idea o planteamiento sobre cómo defender tales cambios en el terreno militar. “No a la guerra civil” fue una de las últimas consignas que guiaron a su militancia y sectores populares. No hubo capacidad de resistir al golpe porque los partidos populares conductores del proyecto de la “vía chilena al socialismo” no podían en ese entonces conducir, responder u organizar una guerra.
Múltiples son los argumentos que sustentan esta realidad, pero creemos que en última instancia, no podrían hacerlo básicamente porque el proyecto de la Unidad Popular no contemplaba dicha variante, es decir la destrucción del poder o el Estado burgués como garantía de triunfo de la revolución. Por ello no podían estar preparados ni preparar al pueblo para defenderse ni menos pasar a la ofensiva en un escenario de lucha violenta, pues nunca de manera oficial y planificada se contempló tal posibilidad. No existía una concepción política, ni militar, ni estratégica que contemplara a la guerra como un medio necesario y predecible en el camino de la revolución.. Años más tarde muchos militantes de izquierda aprenderían que una respuesta en ese terreno debía pasar por un cambio radical en las bases del proyecto y por una prolongada y compleja preparación multilateral de todos los partidos y los sectores populares que participaron del Gobierno Popular. En este sentido el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, fue de las pocas organizaciones que sí contemplaba una estrategia de construcción y acumulación de fuerzas en pos del poder popular y de su defensa a través de la fuerza material, pero este fue un proceso que no tuvo el tiempo ni la correlación de fuerzas como para profundizarse. En realidad en ese entonces sólo se pudo resistir el golpe de aniquilamiento a los partidos y organizaciones sociales y reorganizar un funcionamiento básico en medio de complejas condiciones.
Los partidos populares conductores de esa singular “vía chilena al socialismo” (es decir vía pacifica) apreciaron a un país distinto, a unas fuerzas armadas que no eran lo que suponían, a partidos políticos “democráticos” que escondían su anti-democracia, a una derecha con histórica tradición de violencia, competente y capaz de las más infinitas crueldades si se trata de mantener el poder. Apreciar un país que no era, determinó un proyecto erróneo por definición. Se podía conquistar parte del poder político pero no se podía predecir ni remotamente el insospechado escenario que se dibujó en el país a partir de septiembre de 1973. Los ideólogos de aquel proyecto no podían protegerse ni enseñar a proteger la integridad física ni los sueños y esperanzas de parte importante de la población y sus dirigentes. Allí está parte de la cuota de responsabilidad de los conductores de un proyecto derrotado.
N.K.: En algunos países de América Latina la concepción del comunismo tradicional utilizó sus aparatos de seguridad y sus frentes político-militares como elementos de presión para ser empleados en la negociación política. ¿Se dio este fenómeno en el caso del PC chileno?
FPMR: En términos generales podríamos decir que dicho fenómeno se dio como un proceso, el nacimiento del Frente fue resultado de la evolución y desarrollo de la política del Partido Comunista de Chile que después de intentar distintos caminos para enfrentar al régimen militar llegó a la conclusión de que “están cerradas las opciones pacíficas para la derrota de la dictadura” y que “el pueblo recurre y recurrirá a todas las formas de lucha, incluida la violencia aguda, para derrotarla”. Surgió un nuevo proyecto político, la rebelión popular, que entró a cambiar cualitativamente el contenido de la confrontación política.
Durante la lucha en contra de la dictadura, el trabajo militar - como un elemento más de la política del PC - estuvo regido por el objetivo político de terminar con la dictadura mediante el desmoronamiento político-moral de las FF.AA.
Esto determinó que la construcción y desarrollo del trabajo militar respondiera a las necesidades de un enfrentamiento destinado a desmoronar al enemigo mediante golpes orientados a desestabilizarlo y no a aniquilarlo. Es decir, asumiendo lo militar sólo en sus aspectos operativos y no inscrito en una estrategia de poder.
Es decir la política militar del PC no se planteaba una guerra revolucionaria. Podría tener una equivalencia con una forma de insurrección parcial que no tenía como objetivo la derrota militar del enemigo sino su derrota política.
Ese diseño tal vez fue el “único posible” o el “mejor resultado” del empuje y la búsqueda de un sector revolucionario dentro del PCCh, limitaciones que fueron fuentes de contradicciones que después del ‘86 fueron determinantes en la conducta política del PC, de sus cuadros y militantes.
Tras el atentado a Pinochet se dio una ofensiva estratégica del autoritarismo en que los militares retomaron la iniciativa y lanzaron la proyección del régimen, en un cuadro favorable al dictador.
Pese a que en 1987 permanecía vivo el espíritu de lucha y movilización en vastos sectores, a la larga primó el partidismo de los dirigentes sociales y la presión hacia ellos de las cúpulas políticas afines a una u otra salida de la dictadura. Pues estábamos claramente ante dos proyectos políticos: el burgués - liderado por la DC [Democracia Cristiana]- y uno democrático popular - liderado por el PC -, lo que en este nuevo contexto político llevó a la desunión del movimiento social, a partir de la influencia política de los partidos en ese campo, en sus organizaciones y en sus dirigentes sociales.
El protagonismo alcanzado por las masas en su lucha combativa contra la dictadura pasó a ser secundario y lentamente comenzaron a entrar al escenario los dirigentes políticos en representación de éstas. Ellas dejaron de ser sujetos sociales combativos y pasaron a ser objetos sociales de los intereses particulares de los partidos políticos, sus proyectos y sus disputas ahora netamente electorales.
Otro factor que incidió en la desmovilización social fue la actitud asumida por el PC que frente a la posibilidad de verse aislado, revisó su línea y readecuó su táctica. Optó por un camino distinto al trazado por la Rebelión Popular, en que el trabajo militar dejó de ser un elemento necesario y se transformó en un estorbo que políticamente lo comprometía. Con ambigüedades en su discurso, paulatinamente se fue incorporando al proyecto burgués y a una movilización netamente electoral. Este viraje fue el que terminó provocando el quiebre que hizo romper al FPMR con el Partido Comunista.
La situación política entró en una nueva fase. El régimen consolidó un nuevo orden político, económico y social y estuvo dispuesto a hacer concesiones, incluso a costa de perder el gobierno, dando paso al plebiscito. La oposición burguesa transformó la movilización combativa del pueblo en un combate electoral, del cual salió exitosa.
N.K.: ¿Cómo analiza el FPMR el capitalismo actual en Chile y el ejercicio del poder por parte de sus clases dominantes?
FPMR: A principios de los años 80 del siglo XX se imponen en la conducción de la dictadura militar los intereses de la llamada "burguesía monopólico financiera", que en alianza con el capital transnacional da forma a una economía exportadora de materias primas o productos con bajos grados de elaboración, y a su vez importadora de productos altamente elaborados. En lo político, teniendo a las FFAA como instrumento principal, se legaliza esta reestructuración con la Constitución Política impuesta el año 1980, que presenta severas restricciones en relación con el orden anterior. Junto a ello los distintos gobiernos civiles han promovido una gestión fuerte del orden público, entregando amplias facultades a los organismos operativos y de inteligencia, aún a costa de conculcar muchas veces los derechos de las personas.
En definitiva, el Estado es el principal garante del “neoliberalismo”; la clase dominante ajustó el aparato estatal a sus intereses, transformando sus mecanismos de intervención económica y social en el país por la vía de reducir drásticamente su incidencia en ese campo, pero fortaleciendo y modernizando su rol de control y represión a los sectores sociales y políticos opositores al sistema, vía por la cual ha podido recurrir tanto a la represión, como a la institucionalización de las organizaciones sociales para que las demandas populares no amenacen el esquema instaurado, y el uso de los medios de comunicación social como una eficiente arma de manipulación ideológica en la sociedad.
El proyecto Rodriguista enfrenta la realidad de un país marcado por las contradicciones propias del capitalismo: explotación y cesantía estructural para las y los trabajadores que ven sus derechos pisoteados por la legislación laboral, jornadas de trabajo que se extienden a más de 12 horas, explotación de niños, distribución regresiva del ingreso, sistemas de salud y educación excluyentes y orientados hacia el lucro, y una sistemática usurpación de las tierras de la nación mapuche para favorecer el desarrollo del capitalismo en el sector rural.
Chile es un país que ha fortalecido las cadenas de la dependencia, que no ha logrado salir del subdesarrollo acentuando el crecimiento desigual como país exportador de materias primas, proceso controlado por un puñado de multinacionales y grupos económicos, y también por el mecanismo de la deuda externa que entrega y la tutela del Fondo Monetario Internacional. Por lo que el nuestro es un país capitalista dependiente o neo-colonial, carente de poder de decisión real para trazar sus líneas de desarrollo, donde de nada sirve votar por parlamentarios o presidentes cuando las decisiones trascendentales se toman en reducidos círculos patronales criollos o extranjeros.
Por eso planteamos que la contradicción principal del periodo es “Neoliberalismo” versus lo Nacional, ya que hoy día lo “nacional” se ha transformado en un elemento subversivo, ya que basta plantear algunas reformas cosméticas para que el imperialismo se sienta amenazado en sus intereses políticos y económicos
N.K.: Durante aproximadamente dos décadas en las pomposamente denominadas “transiciones a la democracia” del cono sur latinoamericano se ha priorizado la gobernabilidad por sobre los derechos sociales de los trabajadores y el pueblo. ¿Cómo evalúa el FPMR esas transiciones y qué actitud asume ante la gobernabilidad?
FPMR: Estos 16 años de gobiernos civiles, de la denominada “democracia representativa”, se caracterizan principalmente por un proceso dirigido a consolidar la convergencia de las instituciones políticas y del Estado, con los intereses de los grupos económicos nacionales y transnacionales, la burguesía monopólico-financiera.
La búsqueda de esta convergencia -el consenso neoliberal- es lo que el bloque dominante ha denominado “transición a la democracia” que en concreto significa cómo las distintas esferas del poder resuelven y se hacen cargo de problemas o contradicciones que pudieran afectar la tranquilidad y legitimidad del modelo y sus actores principales, por ejemplo los temas llamados de derechos humanos, los “enclaves autoritarios” y la “equidad”.
En síntesis, nuestra “democracia” representativa en realidad representa la continuidad del modelo, representa los intereses del bloque dominante del país, que participa, decide y gestiona directamente la política, la economía y todos los aspectos de la base y la superestructura de nuestra sociedad
En este marco es que al terminar su gobierno, Ricardo Lagos no pudo evitar la tentación de decretar el “fin de la transición”, con una declaración pomposa que se refiere a las últimas reformas constitucionales que flexibilizan aspectos del sistema político, como los senadores designados, vitalicios, etc., y de paso lo legitiman aún más a escala internacional.
Sin embargo, esta convergencia neoliberal produce también que la gestión de la política y la economía están cada vez más distanciadas de los sectores sociales. Los llamados poderes del Estado muestran hoy día su real carácter, entidades alejadas y por encima de la población, pero que si lo requiere puede ser represivo y violento, apelando a leyes como la Antiterrorista y de Seguridad Interior contra sectores que se organizan y luchan por sus derechos y dignidad, como en el caso del pueblo mapuche.
El mencionado abismo entre los intereses del Estado y los partidos oficiales respecto a los de la mayoría del pueblo, los hace convertirse en aparatos electorales que disputan base social con sólo esos fines, que más bien administran cuotas de poder en su propio seno, haciendo diversos cálculos, movidas, negociados y “blindajes” con el único fin de asegurar sus propias parcelas políticas..
La disputa no es electoral porque sí, se trata de acceder a la administración del Estado, ya sea para seguir gozando de sus beneficios económicos (sobresueldos, contratos a lo amigo, consultorías y asignaciones millonarias) en el caso de la Concertación, o bien para acelerar a fondo el saqueo privatizador en el caso de la Derecha. En ambos casos es la disputa de un jugoso botín.
Esta distancia con la población del bloque dominante y sus aparatos no es en forma aislada una amenaza a su estabilidad, no genera en sí misma un antagonismo social capaz de hacerlo temblar. Para esto se requieren condiciones ligadas a la existencia real de movimiento popular, con perspectiva de lucha por romper el actual orden político-social y levantar un nuevo proyecto de desarrollo nacional. Para nosotros esta es una tarea que bajo las actuales condiciones históricas solo podrán llevarla hasta el final los sectores más conscientes y avanzados, en un gran movimiento que unifique a la clase trabajadora y el pueblo en su conjunto, socavando las bases que sostienen al imperialismo en Chile y América Latina
Como escenario de estas reflexiones tenemos que desde comienzos del año 2006 la movilización social se ha acrecentado; los pobladores sin casa y deudores habitacionales, los trabajadores del sector público y de servicios, los subcontratistas de CODELCO, las organizaciones de la nación mapuche, los estudiantes universitarios, y en especial los secundarios, se han hecho escuchar y legitimaron en los hechos la movilización de masas como la principal forma de expresión y participación.
En términos subjetivos, el debate en el seno de la izquierda se traduce en cómo encarar este proceso, hacia dónde capitalizar y proyectar la lucha y la organización social, qué proyecto político se fortalece. En este aspecto de estrategia y táctica, una de las contradicciones principales tiene que ver con la relación con el Estado y el régimen político. Para el Rodriguismo, hoy es posible abrir alternativas más allá del rayado de cancha del poder, y este año 2006 perfiló la oportunidad para que la izquierda revolucionaria se levante, abandone la marginalidad y encabece la lucha por las demandas populares y la construcción social.
N.K.: ¿Cuáles son hoy las líneas directrices y principales del proyecto político del FPMR?
FPMR: En términos estratégicos, planteamos que el nuestro es un Proyecto Revolucionario, en función de resolver la contradicción fundamental que limita el progreso y el desarrollo de nuestro país, mediante un proceso de lucha destinado a erradicar el capitalismo y a construir el socialismo en Chile. Un proceso con expresión continental que sólo es posible concebir en medio de una constante y creciente confrontación entre las fuerzas que defienden los intereses del capital y del imperio con las de un pueblo que aspira a su liberación.
Un Proyecto Patriótico, orientado a construir una verdadera soberanía del pueblo en los asuntos políticos y económicos del país, usurpados por el capital financiero transnacional en concomitancia con los grupos económicos locales. El sello patriótico de este proyecto es determinado por el carácter anti-imperialista de nuestra propuesta de transformaciones destinados a conquistar una auténtica independencia nacional, que nos permita recuperar el control de nuestros recursos naturales y reconstruir la capacidad productiva, enfrentando así la dependencia financiera creada por la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional, y terminar con la intervención del imperialismo en nuestra patria.
Un Proyecto Popular, basado en la fuerza de la clase trabajadora, de los pobladores, estudiantes y todos los que se sientan identificados, buscando aportar a construir la alternativa de poder del pueblo, para elevar a los máximos niveles políticos del país la participación popular en una perspectiva de desarrollo independiente y soberano. En síntesis, consideramos que los sujetos potenciales o fuerzas sociales principales de este proceso revolucionario son los Trabajadores, Pobladores y Estudiantes, sectores cuyo elemento unificador es ser igualmente golpeados por este sistema de dominación, que los somete a una situación de explotación, pobreza y/o de dominación estructural irreversible dentro del actual esquema. Esto se refiere a una dimensión visible, que es la falta de ingresos para satisfacer las necesidades básicas (salud, vivienda, educación dignos), pero que en su fondo esta pobreza estructural tiene como causa la relación de explotación inherente al Capitalismo y que se presenta con exacerbada crudeza en su modelo Neoliberal. En este contexto, consideramos a los Mapuche (junto a los Aymará, Rapa Nui, etc.) como una nación originaria, en cuyo seno existen variadas organizaciones y diversas expresiones ideológicas, políticas y sociales.
N.K.: ¿ El FPMR tiene actualmente una estrategia político-militar?
FPMR: Sobre este punto planteamos que la denominada “salida revolucionaria” será fruto de una acumulación de fuerzas de tipo social, ideológica, política y militar que permita la derrota del gobierno y Estado opresor. Las formas concretas de enfrentamiento, ya sean insurreccionales o de guerra prolongada, se irán perfilando o combinando en la misma medida que se agudice el conflicto, por lo que es necesario estar preparados para cualquier variante que la propia dinámica y el pueblo generen.
En definitiva nuestra estrategia efectivamente es de carácter Político Militar, porque entendemos que en la perspectiva de la confrontación del pueblo con el sistema dominante, se deberá transitar por diversos períodos en la acumulación y movilización de fuerzas, y combinando formas de lucha tomando en cuenta los escenarios concretos y la correlación de fuerzas, pero sin perder la perspectiva de que es necesario construir fuerzas populares con capacidad de expresarse materialmente en pos del cambio estructural y responder ante cualquier forma de lucha o grado de violencia.
No hacemos de la violencia un fin, pero consideramos una irresponsabilidad no tenerla en cuenta y no estar preparados cuando el momento lo exija, la historia demuestra que la oligarquía y el imperio no dudan en masacrar al pueblo si ven amenazados sus intereses políticos y económicos. Por tanto los revolucionarios debemos estar dispuestos ideológica y técnicamente para tales niveles de confrontación, haciendo de la violencia revolucionaria un medio determinante en la defensa o avance de las fuerzas populares.
El objetivo estratégico de nuestra política militar apunta a construir la fuerza material para que la organización política del pueblo pueda responder a las necesidades de la confrontación armada y, al mismo tiempo, esté en condiciones de articular fuerzas armadas que aseguren, defiendan y representen los intereses populares. El movimiento revolucionario no puede esperar una insurrección o guerra popular espontánea sino que debe dirigir sus esfuerzos en el seno del pueblo para prepararla y organizarla, el movimiento revolucionario no impulsa este proceso construyendo por fuera del movimiento popular ni lo resuelve en su totalidad con aparatos “especiales”, así como tampoco debe confiar en el paso espontáneo de parte de las fuerzas armadas a las filas populares.
N.K.: ¿Qué perspectivas asume la lucha extrainstitucional en el Chile actual?
FPMR: Para responder esta pregunta hay que remitirse primero al objetivo fundamental de nuestra política del período, que es la reconstrucción de Movimiento Popular, teniendo como fuente de esta práctica territorios y sectores concretos, generando las condiciones para que los sujetos sociales alcancen mayor madurez y participación, y se hagan protagonistas del proceso revolucionario. Concebimos a este Movimiento Popular como una fuerza del pueblo, conciente y politizada, organizada en torno a sus demandas sectoriales y nacionales, para enfrentar las políticas neoliberales y sus efectos en los diferentes sectores, ya sean estos; poblacionales, estudiantiles o de trabajadores.
En función de la construcción de dicha fuerza es que hemos descartado la inserción en la institucionalidad, llámese alcaldías, parlamento o presidencia, como paso posible para la mencionada reconstrucción. El régimen político imperante está en general diseñado para cerrar el paso o bien absorber y cooptar expresiones políticas distintas a la del bloque en el poder, situación que en un contexto de desventaja o desorganización de los sectores populares y revolucionarios a escala nacional, vuelve estériles los diferentes intentos de enfrentarlo “desde adentro”, de hecho dichas políticas no han logrado siquiera estar “dentro”.
Nuestra política en el plano social apunta a la independencia política de las organizaciones populares en relación con los gobiernos y Estado capitalista, a la convergencia de las organizaciones sociales en torno a la lucha reivindicativa y a objetivos comunes; a la generación de plataformas de lucha en el ámbito territorial y sectorial. La perspectiva a largo plazo de este desarrollo es la creación de focos o embriones de un futuro Poder Popular a través de la acción directa de los organismos sociales y políticos en un sector, mediante asambleas, control territorial, construcción de espacios alternativos de desarrollo social, cultural y económico, entendiendo como espacio territorial a todos los sectores sociales coordinados de una zona o región: pobladores, estudiantes y trabajadores.
N.K.: ¿Cuál es la política de unidad del FPMR hacia el campo popular chileno? ¿Hacia qué sectores prioritarios se dirige?
FPMR: El proceso de construcción del período contempla la convergencia de los revolucionarios como una piedra angular de nuestra política, la cual sin embargo deberá lograrse a partir de nuestra organización, es decir el desarrollo en lo interno y en nuestra incidencia, y sustentado en una correcta y sana política de alianzas con todos los que luchen en contra del sistema establecido. Por ello creemos que la flexibilidad debe ser la base de nuestra política de relaciones para con todos aquellos que desde distintas posiciones adopten objetivos inmediatos y estratégicos similares a los nuestros.
La unidad no se resuelve por el hecho formal y mecánico de constituir una estructura orgánica, ni tampoco que los revolucionarios estén al mismo tiempo todos juntos en una misma mesa política, sino que nos parece que hablar de una estructura tiene más bien relación con la finalidad del proceso y no necesariamente con el punto de partida.
La unidad de los revolucionarios debe ser una necesidad e instrumento que potencia un fenómeno simultáneo, que es la unidad del pueblo, de los sectores populares. El entrelazamiento dialéctico entre la convergencia de los revolucionarios y el movimiento social se da en tanto que los primeros son parte integrante de los segundos.
La unidad de los revolucionarios no resuelve el problema de la construcción de movimiento social, pero sí permite enfrentar el desafío en mejores condiciones, políticas, orgánicas e ideológicas.
De esta manera entendemos la unidad no como la simple yuxtaposición de orgánicas y siglas, sino la construcción colectiva en el ámbito de los territorios de aquel Sujeto o Conciencia Para Sí que será el portador y conductor del programa que sintetiza las transformaciones nacionales.
Debemos organizar al pueblo -y lo estamos haciendo- en las distintas formas en que se manifiesta socialmente, ya sea en el terreno laboral, en la población, en la educación, etc. Es decir, debemos instalarlo en un proceso de construcción de conciencia de largo aliento, donde las luchas por las demandas populares sea la piedra angular de esta edificación. En torno a ellas, se configurará una nueva forma de relacionarnos, el surgimiento de nuevas prácticas democráticas, como de ir desarrollando una nueva moral y cultura, vislumbrando la nueva sociedad socialista por la cual luchamos.
Nuestro camino de construcción debe ser capaz de abrir conflictos, de poner a las masas a través de su lucha reivindicativa en la confrontación con el poder. La construcción de movimiento popular no puede ser aséptica, con miedo a contaminarse en la lucha con la institucionalidad. No podemos construir en una burbuja social, encapsulados en un pretendido ya existente “poder popular” que se construye al margen de toda contradicción con el poder capitalista. Es en la lucha, en el enfrentamiento, en la pugna con el poder real de la burguesía donde las masas, armadas con sus reivindicaciones, adquieren la conciencia social.
Como ya dijimos el tema de la unidad de los revolucionarios en este ámbito, debe ser un proceso dirigido y con un plan cuyo cumplimiento de objetivos potencien y amplíen la convergencia. Convergencia llena de hitos, que instale en la realidad nacional una plataforma de lucha o programa mínimo por las demandas populares que reflejen las necesidades más primarias y urgentes de los sectores populares. En este sentido, la unidad por arriba debe tener su correlato en la unidad por abajo, la primera debe ser un instrumento la última el fundamento esencial, la finalidad. De esta manera, la territorialidad en el proceso de convergencia y de construcción del polo revolucionario será un baluarte fundamental.
La tarea de la convergencia y de la construcción de un polo revolucionario es una iniciativa política imposible de postergar, porque no sólo están en juego las reivindicaciones del pueblo, sino también el futuro del país y nuestra factible contribución a la liberación de América Latina. Caminos que ya han iniciado otros pueblos del continente, sobre todo si los rodriguistas no sólo buscamos un proyecto en el ámbito nacional, sino también de carácter continental.
N.K.: Tomando en cuenta la abnegación y la perseverancia de la militancia comunista de base en Chile, ¿cuál es el mensaje del FPMR hacia los colectivos militantes del PC?
FPMR: Es verdad que en la militancia comunista hay compañeros y compañeras abnegados y honestos, hoy en día las diferencias e incluso los conflictos los hemos tenido sobretodo con la actual dirección de ese partido, sin embargo, nuestra opción es plantear abiertamente, y a través de hechos concretos, nuestra política y nuestra visión crítica cuando corresponda. Los últimos conflictos sociales han demostrado que la izquierda consecuente sí puede disputar los terrenos que habitualmente controla el reformismo o el gobierno. Y lo que es estratégico, potenciar la participación de las bases en el campo de los trabajadores, en el ámbito de los pobladores, en el mundo de los estudiantes y en diversos sectores sociales.
Nuestra propuesta es dejar atrás posiciones que convierten los defectos en virtudes, es decir exaltan la ambigüedad, las concesiones y las conductas unilaterales y hegemonistas, que son obstáculos que debe enfrentar el naciente movimiento popular, sin embargo para otra franja de izquierda representada por el Partido Comunista, se potencia una política que busca el entendimiento con la Concertación, e incluso con sectores de Derecha, con la consigna de “romper la exclusión”, en síntesis se asimila la lucha contra el neoliberalismo con la inserción en la institucionalidad, con la conciliación con el oficialismo, se asimilan los intereses de un partido con los de un movimiento popular que aún no está del todo desarrollado y articulado a escala social y nacional.
Posturas de este tipo tienen mucho que ver con la “sociología” de los partidos reformistas en Chile y el continente, en cuyo seno se producen tensiones o tendencias que los empujan a lógicas burocráticas, que los conduce a considerarse fines en sí mismos, y por ende a adoptar lógicas conservadoras justificadas con el argumento de la amplitud, la acumulación de fuerzas, la unidad, etc.
La lucha ideológica está entonces planteada entre estos distintos proyectos, en todo caso es la propia base militante del PC la que deberá resolver sus conflictos internos, y nosotros debemos respetar ese proceso y sus ritmos.
N.K.: Durante la última lucha estudiantil secundaria en Chile pudo observarse una creciente influencia política del FPMR entre los jóvenes. ¿Cuál es la política específica del FPMR hacia la juventud?
FPMR: Mas que una política generacional o etárea, es decir hacia la juventud en general, nos planteamos una construcción o una política hacia los sectores sociales a los que pertenecen los jóvenes, es decir en el ámbito laboral, poblacional y estudiantil. Si nos detenemos en este último nivel, vemos que los estudiantes conviven con la precariedad de la infraestructura, malas condiciones laborales de los docentes, deserción escolar, todo esto mediado por la contradicción; dinero (subsistencia) - estudios, entre otros. Si se pudiere entregar una panorámica muy general, daríamos cuenta que tanto los jóvenes y sus padres (tanto de los sectores populares como los de capa media que han tendido a la proletarización) quedan a merced de este mercado que todo lo cubre, aunque en rigor los mayores beneficiados son aquellos que pueden pagar por una educación de calidad. En síntesis, hoy la Educación se ha vuelto un producto de consumo, una mercancía que puede ser adquirida en la medida que se tengan los recursos para ello, quedando postergado su concepción fundamental de Derecho Básico.
Aunque las necesidades estén a la vista, los estudiantes como sector, aún están afectados por la desorganización que caracteriza hoy al mundo popular, pero aún así, es indudable que serán protagonistas importantes dentro del proceso revolucionario; que si bien no se han distinguido por promover durante el presente período un cambio radical en la sociedad, en los momentos en que su lucha se agudiza, como ocurrió este año 2006, son actores dinámicos y altamente críticos de las prácticas y discursos que atentan contra el derecho a la Educación, como también son capaces de acoger aquellos que puedan conducir de buena forma sus más sentidos anhelos y demandas; es ahí donde las organizaciones revolucionarias deben tener la capacidad de orientar un trabajo político que permita develar el verdadero sentido del modelo impuesto y proyectar al interior del estudiantado niveles de organización que respondan al contenido de clase que hoy se necesita.
Los estudiantes se han caracterizado por una constante movilidad, generando un grado de participación y organización muchas veces mayor que otros sectores sociales perfilándolo como un actor principal, aunque estas cualidades se queden en un aspecto formal y concentradas únicamente en su propia experiencia lo que termina orientándolos hacia el reformismo y el cortoplacismo (otra de sus limitantes es que la radicalidad suele ser asimilada más a las formas o instrumentos que a los objetivos). Sus demandas y reivindicaciones más sentidas han tenido un matiz económico (asignación de recursos, principalmente en el ámbito superior), aunque en el último tiempo ya se ha instalado el cuestionamiento al rol que le compete al Estado con la Educación.
Las Federaciones y Centros de Alumnos son espacios orgánicos socialmente legitimados, que más allá de tener o no legalidad (personalidad jurídica), son reconocidos por los estudiantes, así como por autoridades, académicos y funcionarios al interior de las instituciones, e inclusive por los gobiernos de turno al considerarlos interlocutores válidos del mundo estudiantil. Pero su principal validez está determinada en tanto son una necesidad para los estudiantes en la resolución de los diversos problemas que se presentan en el transcurso de sus estudios.
Al entender la importancia estratégica de estos espacios (en cuanto su rol conductor), los sectores oficialistas y derechistas se han insertado en este campo, a través del manejo que realiza de ellos, manipulándolos según sus propios intereses, privilegiando el electoralismo (reduciendo a sólo esto, la democracia y la participación), el gremialismo y el paternalismo en todos sus niveles como forma de control, a lo que también aporta la ambigüedad e incapacidad de la izquierda, que no ha permitido posicionar a los estudiantes como reales protagonistas del quehacer en estos espacios.
De ahí que los rodriguistas al hacernos partícipes de estos espacios, debemos promover y practicar la Democracia y Participación real, como instrumento y metodología en la construcción, fortaleciendo y alentando el protagonismo de los estudiantes en la toma de decisiones tanto al interior de dichas organizaciones como al exterior, es decir el ámbito de la política nacional.
Para avanzar en la construcción de niveles mayores de organización es condición necesaria propiciar, potenciar y fortalecer la organización de base (llámese Centro de Alumnos o espacios político-sociales, construir “desde abajo hacia arriba” buscando el debate, la unidad y la movilización con un claro y definido objetivo político, evitando la instrumentalización (con fines exclusivamente partidarios) y otras prácticas nefastas que tarde o temprano originan la marginación de los estudiantes de estos espacios y la deslegitimación de ellos.
Sabemos que nuestra apuesta es compleja y ardua, exenta de recetas en cuanto a los aspectos formales pues, cada configuración orgánica debe responder a la particularidad de cada nivel, establecimiento e inclusive territorio. En lo fundamental, estas herramientas deben responder a un contenido de clase producto del desarrollo cualitativo de la conciencia de los estudiantes, efecto de la educación y formación que se da en el camino de la construcción y la lucha por nuestras demandas y más sentidas reivindicaciones.
N.K.: ¿Y hacia el campo de la lucha de la clase trabajadora y de las poblaciones (espacio territorial)?
Las tareas del período tendrán múltiples métodos y formas de aplicarse según el análisis concreto de las diferentes realidades de cada sector en el cuál estemos insertos, pero a la vez dotados de contenidos y criterios fundamentales que caractericen el trabajo de masas rodriguista, el cual en una síntesis de lo general a lo particular, debe:
Permitir la construcción y fortalecimiento de las organizaciones sociales por medio de lucha y movilización por los derechos y reivindicaciones básicas en lo económico, social y cultural (con avances y retrocesos propios del período).
Promover la articulación y coordinación de los diferentes grupos que se encuentren trabajando en determinado sector, que permita además un intercambio político que incentive el protagonismo y la participación sin sectarismos u otras deformaciones que impidan la convergencia social y política. Entendiendo que la práctica de la coordinación es la generación de nuevos espacios o iniciativas entre organizaciones concretas (un espacio distinto), al calor de un activismo que debe hacer crecer y fortalecer el trabajo de todos los involucrados en un territorio, pero sin perder la mencionada perspectiva de establecer o potenciar coordinación y acción en lo nacional. La unidad de los sectores sociales será el resultado final de este proceso de convergencia en torno a las luchas y las demandas que se encuentran hoy parceladas, y debe tener como objetivo final una sola plataforma de lucha que aspire a la transformación social con miras al socialismo.
Profundizar la solidaridad como clase o sectores sociales, para vencer el individualismo generado por el sistema, poner en el centro la comunión de condiciones y necesidades preexistentes, recuperar y reivindicar la identidad y el papel protagónico que los sectores sociales tienen dentro de la historia. Así, se hace necesario impulsar la creación de espacios de confianzas, cooperación, creatividad y fortalezas tanto individuales como colectivas, principios que por años el neoliberalismo ha buscado socavar.
La construcción de sujetos sociales se sostiene en la identidad e independencia de clase, concretada en la autonomía en las decisiones y en la práctica de las organizaciones sociales respecto a las organizaciones y partidos afines al sistema o al bloque dominante, los organismos o zonas intermedias del aparato del Estado o las fundaciones internacionales dependientes del imperialismo o la socialdemocracia.
Aportar a la capacidad político-militar del pueblo por medio del desarrollo cualitativo y cuantitativo de la Autodefensa de Masas, vista como la labor organizada del pueblo en tareas anti-represivas, de protección, repliegue ordenado y vigilancia popular (proteger locales, dirigentes y miembros en general, de las organizaciones).
Otras características del trabajo de masas rodriguista que podríamos citar como parte de nuestro proyecto son:
Capacidad de incidir en el desarrollo y conducción (contenidos y objetivos) del organismo social, lo que no debe confundirse con la vieja práctica de buscar la dirigencia del mismo como objetivo principal.
Proponer e impulsar métodos y formas de trabajo que eleven la calidad de la organización y la capacidad de movilización.
Levantar o fortalecer tipos de organización que aspiren a agrupar a todos los que tengan similares visiones de la realidad, plataformas y objetivos para el período.
El carácter territorial de nuestra construcción debe expresarse (y medirse) a través de la incidencia concreta en los espacios y sectores de construcción y no sólo por un concepto geográfico.
Crear espacios permanentes de formación política y educación popular, creativos en lo temático y metodológico, con la participación plena de quienes forman el o los organismos (foros, talleres, jornadas de encuentro, etc.). En síntesis, el militante rodriguista debe ser capaz de hacer propuestas políticas y metodológicas concretas y tener una actitud educadora en la organización social.
Reivindicar con hechos y aportes concretos la militancia política revolucionaria. La contraposición entre las organizaciones sociales y las organizaciones políticas sólo existe como problema con base objetiva cuando la organización o partido en cuestión lo es en el sentido burgués del término: un aparato organizativo en el cual personas que participan en el juego político institucional defienden intereses ya sea de los propios aparatos o de sectores o clases sociales dentro del sistema. Una organización política cuyo objetivo es transformar la sociedad, acabar con la explotación y la opresión capitalista, y cuya práctica no es oportunista o aparatista, no puede tener ninguna contradicción de fondo con una organización social genuina en el sentido más arriba descrito y al contrario se reforzarán y crecerán mutuamente.
Propugnar la autogestión material de las organizaciones sociales, que es resultado del trabajo colectivo y la participación real.
N.K.: Desde la época de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) [conferencia celebrada en La Habana en 1967 que agrupó a la mayoría y a lo más avanzado de las organizaciones revolucionarias del continente] y los tiempos de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR) [coordinación internacional de distintos destacamentos revolucionarios del cono sur: estaba integrada por el MIR chileno, el PRT-ERP argentino, el ELN boliviano y el MLN-Tupamaros de Uruguay] no ha existido un ámbito de puesta en común de estrategias revolucionarias y radicales de América Latina y el cono sur. ¿Existe en la actualidad alguna posibilidad de globalizar en concreto y coordinar las diversas experiencias antiimperialistas y anticapitalistas?
FPMR: Recientemente hemos realizado en Chile un encuentro de organizaciones revolucionarias del Cono Sur de nuestra patria grande, donde precisamente debatimos e intercambiamos sobre los contenidos de esta pregunta, y hemos llegado a la conclusión de que en las actuales condiciones no sólo es posible, sino que es necesario y urgente iniciar un camino de coordinación de las luchas antiimperialistas. Como señala la declaración posterior al Encuentro, hoy la dominación imperialista es altamente inestable en todos los puntos del globo donde intenta imponerse, y como en la historia de todos los grandes Imperios, en su momento de mayor decadencia es cuando se vuelven más bestiales. La solución militar de toda la política es un claro síntoma de descomposición de los imperialistas.
Por eso es que para nosotros, y las organizaciones que participaron del Encuentro, no sólo por principio sino fundamentalmente por estrategia, los revolucionarios organizados en nuestra Patria Grande estamos obligados a coordinar nuestras luchas y construir una estrategia de derrota continental al Imperialismo.
Ahora bien, esta coordinación no se decreta sino que se construye, y nuestra opción como FPMR es comenzar a materializar un proceso de solidaridad, intercambio y cooperación entre los sectores revolucionarios del cono sur de nuestro continente. Para los Rodriguistas el internacionalismo existe realmente cuando produce resultados que potencien la organización y la lucha en cada país, y no sólo declaraciones, eventos puntuales o actitudes festivaleras, por eso es que se deben iniciar y fortalecer prácticas de trabajo conjunto de corto, mediano y largo plazo, para aportar al fortalecimiento y desarrollo de la organización y lucha popular en el continente.
Mas que generar apresurados referentes o estructuras centralizadas, nuestra opción es implementar iniciativas concretas para cualificar el intercambio político ideológico, la formación de cuadros políticos y sociales, y la difusión de la idea y la acción revolucionaria a través de diversos medios desde una dinámica de trabajo continuo.
Junto a esto, consideramos un deber buscar vías de coordinación para materializar la solidaridad con las luchas de los pueblos en nuestra América, intercambiando experiencias y luchadores, así como de defensa y apoyo a quienes enfrenten la prisión política o la persecución de los Estados y sus aparatos represivos.
Guiados por estos criterios es que pensamos se podrá avanzar a generar prácticas e instancias de lucha continental, que por lo demás es parte de las mejores tradiciones de la lucha revolucionaria en América Latina desde el siglo 19, en la guerra contra el colonialismo español, hasta las luchas revolucionarias del siglo 20 en El Salvador, Nicaragua o Bolivia, por citar algunas experiencias. Esos ejemplos señalan la cartografia ineludible que debemos seguir si de verdad queremos enfrentar al imperialismo.

Néstor Kohan