martes, abril 08, 2008

Perú :quieren salvar a Fujimori.

La captura del Jesús Sosa Saavedra alias “Kerosene”, apodo ganado por su sed enfermiza de quemar cadáveres de los crímenes cometidos mezclando kerosene con gasolina, es otro punto que pone de manifiesto la existencia de esa máquina de terror de Estado llamada “Colina” . Sosa fue uno de los operadores de Martin Rivas, Mayor subordinado a Fujimori tal como fue el Comandante Cabezas y el "Chito" Ríos del Comando Rodrigo Franco a Agustín Mantilla y Alan García y, mucho antes, el Subteniente Telmo Hurtado (militar reclamado por la justicia peruana a las autoridades norteamericanas por la masacre de Accomarca), a Belaúnde Terry.
La puesta en práctica de la guerra sucia durante la dictadura de Fujimori se confirma como política de Estado, estrategia diseñada para arrasar con todo lo que parecía sospecho en el afán de terminar con el terrorismo de Sendero Luminoso, equivalente a la ley del Talión “ojo por ojo, diente por diente”. En ese afán gubernamental, muchos fueron asesinados; otros, torturados, desaparecidos, injustas detenciones y ejecuciones extra judiciales, hombres y mujeres inocentes, de tal manera que la población fue colocada entre el terror de sendero y el terror de Estado. Bajo esa estrategia se produjo una cadena de crímenes de lesa humanidad cuyos responsables hoy están en el banquillo de los acusados, a la cabeza de ellos, Alberto Fujimori.
La defensa para liberar a Fujimori está en negar todas las evidencias, burlar las pruebas, desacreditar a los testigos, victimizarlo y confundir a la opinión pública. El ex asesor Vladimiro Montesinos, pronto a comparecer, sin duda forma parte de esa maniobra dirigida por César Nakasaki. Por su lado la bancada fujimorista desarrolla una intensa labor mediática, teje alianzas y pactos políticos acompañados de una costosa campaña para inscribir un nuevo partido político. El director del diario fujimorista La Razón ha escrito en un editorial… “Si fuéramos un país agradecido, Santiago Martin Rivas, y (para el caso, también Fujimori) tendría que ser condecorado y no tratado como un criminal”. Poco falta para que pidan un monumento a Fujimori y Martin Rivas en Barrios Altos y una placa recordatoria en “La Cantuta”.
Solo el Presidente de la República y los poderes del Estado podrían atenuar una drástica sentencia y en extremo el indulto, tesis nada extraña si tenemos en cuenta que los empresarios y el gobierno siguen bebiendo del seno neoliberal instaurado por Fujimori – Montesinos, quienes fijaron el rumbo de este “espléndido” auge económico y legaron una “carta magna” que no se toca ni con el pétalo de una rosa. En el contexto del llamado mega juicio no olvidemos la insólita declaración de Alan García el 17 de marzo al diario japonés Mainichi: “Somos un país que ha dejado que un japonés sea su presidente. Esta es la prueba de que Perú tiene confianza en Japón”. Lo que está claro es que una condena por crímenes de lesa humanidad, que nunca prescriben, pone en la antesala del juicio a Alan García por las matanzas de los penales en junio de 1986 y los campesinos de Cayara el 14 de Mayo de 1988, torturados y asesinados uno a uno en el mismo pueblo.
Es preciso aseverar con fuerza que la extradición de Fujimori es para que asista ante la justicia por su categórica responsabilidad de los delitos cometidos durante su gobierno. Lo inmediato es la matanza de Barrios Altos en el Jirón Huanta el 3 de noviembre de 1991 (15 personas, entre ellas un niño de 8 años de edad) y el asesinato y desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad “La Cantuta” cuyos cuerpos fueron calcinados y enterrados en una fosa clandestina la madrugada del 18 de julio de 1992. Forman parte del siniestro historial de violación de Derechos Humanos la desaparición de nueve campesinos pasada la medianoche del 1º de Mayo de 1992 en la ciudad norteña de La Dacha, provincia de Chimbote en Ancash, el asesinato de Pedro Huilca Tecse el 18 de diciembre de 1992 al salir de su domicilio en el distrito Los Olivos en Lima, la desaparición de estudiantes de la Universidad del Callao entre agosto y diciembre de 1993, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del periodista Pedro Yauri Bustamante en la ciudad de Huacho, entre otros. No hay lugar a la impunidad.
La Cantuta y Barrios Altos del fujimorato, así como la matanza del Frontón y Cayara en el primer periodo de Alan García, Accomarca y Uchuraccay con Belaúnde Terry, junto a las profundas grietas de desigualdad social se presentan típicos de una democracia cada vez más rechazada por un grueso de la población que exige cambios y recibe como respuesta una ola de represión, insultos, macarthismo y descalificación de parte del gobierno que, autoritario y seguido de una prensa arrodillada, mira como servir mejor a las transnacionales y al gran poder económico.

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