domingo, agosto 10, 2014

Estados Unidos y Centroamérica: Niños migrantes, catástrofe humanitaria y crisis política

Demócratas y republicanos manipulan la crisis de los inmigrantes centroamericanos como parte de su ofensiva más general contra las masas.

Más de 57.000 niños solos, desde octubre pasado hasta hoy, fueron detenidos por las patrullas de la frontera sur de Estados Unidos. A este número se suman 39.000 mil niños más que fueron detenidos junto a sus padres en la frontera. La mayor parte de este contingente de niños proviene de Centroamérica. Buscan el amparo de la legislación contra el tráfico de personas que prohíbe la deportación inmediata de menores detenidos. Los procesos de deportación, por su lentitud, mantienen a los niños en un limbo legal que les permite reunirse con sus familiares en suelo norteamericano. Este privilegio no lo tienen todos: los niños inmigrantes mexicanos son deportados en forma directa. El debate sobre la resolución de este explosivo problema puso nuevamente en la agenda la reforma migratoria y la rebelión de los inmigrantes en el propio suelo norteamericano.

Impasse política y reforma migratoria

Una reforma de las leyes migratorias fue votada por el Senado en junio pasado. Los republicanos la tienen cajoneada en la Cámara baja en donde tienen mayoría. Esta reforma apunta a militarizar la frontera a una escala inusitada, cerrar los pasos fronterizos y completar los muros del apartheid votados por el Congreso en 2006. La reforma pone como objetivo que el 90 por ciento de los inmigrantes que intentan cruzar la frontera sean detenidos y deportados. La contraparte de esta política de criminalización de los inmigrantes es una legalización parcial que llevaría a los indocumentados a acceder a la “green card”… recién trece años después de acreditarse en el Departamento de Seguridad Nacional; con los riesgos de deportación inmediata que eso implica. La impasse política actual consiste en que los republicanos votaron a favor de esta reforma pero ahora la rechazan. Tienen dos motivos: primero, no quieren que Obama obtenga el crédito en un año electoral. Segundo, debido a que en las primarias republicanas los candidatos de la cúpula del partido Republicano fueron derrotados por los derechistas anti-inmigrantes del Tea Party. Frente al cajoneo Obama amenazó con aplicar la reforma por decreto. Sin embargo, abandonó esta idea y envió un pedido al Congreso de una partida extraordinaria de 3.700 millones de dólares para fortalecer la militarización de la frontera y acelerar los juicios de deportación. Obama ostenta el récord de ser la gestión que más inmigrantes deportó: más de dos millones de personas, lo cual le valió el apodo de “el deportador en jefe” por parte de las organizaciones de inmigrantes. Los republicanos aprobaron en la cámara de representantes, luego de una crisis en sus propias filas, una partida presupuestaria de 694 millones y la eliminación del Daca, un programa que permite una prórroga a la deportación por dos años a 600.000 de los llamados “dreamers”, jóvenes que buscan trabajar y estudiar. Las idas y vueltas del tratamiento legislativo llevó a que las organizaciones de inmigrantes den por muerta a la reforma, por lo menos hasta que se clarifique el escenario político postelectoral.

Crisis capitalista y reforma migratoria

Un sector de la burguesía norteamericana apoya la reforma. Los CEO de empresas tecnológicas y de servicios, la Cámara de Comercio, el obispado católico e incluso el FMI en su informe anual llamaron a la clase política a establecer un acuerdo para aprobarla. La reforma migratoria es para un sector de la burguesía una respuesta a la crisis. La llegada de inmigrantes presiona para un abaratamiento de la mano de obra, en particular la calificada: “debido a que los inmigrantes en general ganan menos que los locales con similares capacidades, hacen crecer las ganancias de las coorporaciones e impulsa a las compañías a crecer y a contratar más locales” (The Economist,12/7). Los trabajadores hispanos migrantes son los de más bajos ingresos. Su capacidad de ahorro es acotada y el nivel de endeudamiento de sus familias es altísimo. La crisis es descargada sobre los hombros de los inmigrantes en primera instancia. Muchos de ellos tienen que acudir a programas alimentarios estatales como los stamp foods para sobrevivir. Estos programas son víctimas de los recortes presupuestarios. La burguesía yanqui intenta subsumir el problema migratorio dentro de su ofensiva más general sobre las masas: de los 9,4 millones de puestos generados en el sector privado, “la mayoría de los puestos se crearon en los rubros de servicio con niveles salariales bajos” (La Nación, 7/6) o son a tiempo parcial.

Centroamérica

El estallido inmigratorio se nutre en los desplazamientos masivos de familias fruto de la catástrofe social y económica que viven los países de Centroamérica. En estos países, las oligarquías gobernantes encontraron en la expulsión de población un negocio redondo. A partir de la llegada de remesas desde Estados Unidos ingresaron, en los últimos veinte años, 124 mil millones de dólares. El Salvador paga la mitad de sus importaciones anuales con estos fondos. “Guatemala, El Salvador y Honduras están cayendo en un círculo vicioso que conecta las remesas con la violencia (….) Las pandillas resultan de la multiplicación exponencial de las familias disfuncionales y de la destrucción del tejido social familiar y comunitario que deja la emigración (…). La emigración es una violenta catástrofe social para los pobres y un gran negocio para los ricos” (El País, 11/7).

Martín Corbatta

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