México podría convertirse en el segundo país que investiga los crímenes del franquismo y la Guerra Civil tras Argentina. Aministía Internacional, en colaboración contra otros colectivos en defensa de los derechos humanos, ha presentado una querella en la Procuraduria General (Fiscalía) mexicana por la desaparición de Félix Llorente Gutiérrez, ferroviario de 27 años, que tuvo lugar en agosto de 1936 en Medina del Campo, Valladolid.
Félix fue detenido el 28 de julio y desapareció el 15 de agosto al ser trasladado a otra prisión, según lo reconocido por las mismas autoridades. La querella denuncia que se cometió un delito de desaparición forzada en el contexto de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ya que a día de hoy, se desconoce la suerte o el paradero de Félix y no se ha realizado ninguna investigación por parte de las autoridades españolas para esclarecer los hechos.
“España ni investiga ni permite a otros países investigar estos terribles crímenes, como hemos visto con la querella argentina, por lo que es necesario explorar otras vías”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Desde hace años venimos buscando la verdad y esperamos que la justicia mexicana nos ayude a encontrarla, ya que, como miles de familias de desaparecidos en España, no hemos contado con el apoyo de las instituciones para obtener información”, ha declarado Anaïs Huerta, la denunciante que actualmente reside en México y que emprendió, junto con su padre, un proceso de búsqueda de su familiar hace ya cinco años.
Amnistía Internacional ha pedido a la Procuraduría General de México que inicie, sin dilación, una investigación exhaustiva sobre la desaparición forzada de Félix Llorente, ya que por la especial gravedad que revisten los hechos ocurridos y el contexto en el que se cometieron constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, deben ser investigados en otros países, entre ellos México, que cuenta con una jurisdicción adecuada para ello.
Las organizaciones resaltaron que durante esta investigación que se busca impulsar en México, el Gobierno español debe colaborar plenamente en cualquier solicitud de asistencia jurídica mutua en materia penal emitida por autoridades mexicanas que decidan investigar estos crímenes cometidos en España.
Asimismo, reclamaron al nuevo Gobierno y al nuevo Parlamento, que serán constituidos en los próximos meses, que tome una serie de medidas: asegurar que la Ley de Amnistía no supone un obstáculo para investigar crímenes de derecho internacional cometidos durante la guerra civil y el franquismo; garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional; y ratificar prontamente y sin reservas la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
México se sitúa como un actor relevante para ayudar a luchar contra la impunidad de estas graves violaciones de derechos humanos. Por un lado, cuenta con una legislación adecuada que permitiría la investigación de estos casos. Tanto la reforma constitucional de 2011, que establece que los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales tienen vigencia plena en el país y deben ser respetados por todas las autoridades; como el hecho de que ha reconocido el carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana, le colocan en una situación interesante que habilitaría la investigación de estas graves violaciones de derechos humanos.
La tendencia al archivo de los casos se ha consolidado en España después de que en 2012 el Tribunal Supremo se amparara en varios argumentos que podrían impedir a los jueces investigar. Entre ellos, la existencia de la ley de Amnistía, la posibilidad de la prescripción del delito o que los crímenes no estuvieran tipificados como tal en el momento en que tuvieron lugar, el presunto fallecimiento de los autores o la Ley de Memoria Histórica.
En los últimos dos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar y le han recomendado que cumpla con sus obligaciones internacionales para llevar verdad, justicia y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, y que colabore con otras naciones que pretendan iniciar investigaciones.
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