Anticipada como una legislación enfocada en impulsar el "blanqueo laboral", el paquete de medidas laborales apunta a un cambio estructural en las relaciones laborales.
El borrador de proyecto de modificación a la legislación laboral que el gobierno difundió esta semana, apunta con los once títulos que lo componen a muy profundos cambios en las relaciones laborales. No se trata de los cambios concentrados en algunas áreas muy específicas que hasta la semana anterior el ministro de Trabajo Jorge Triaca venía anticipado a las conducciones sindicales de la CGT -que no por ello resultaban menos agresivos, como analizamos en su oportunidad.
Lejos de ello, el gobierno se propone realizar cambios estructurales en la relación entre las patronales y los asalariados en favor de los primeros, dando un paso más respecto de la legislación de flexibilización laboral introducida en el país en las últimas décadas, y que de manera continua desde entonces se siguió profundizando y “perfeccionando” al nivel de los convenios por rama y por empresa, con pocas modificaciones que revirtieran los aspectos más regresivos de esta contrarreforma. De hecho, y como sostiene en la entrevista publicada hoy Clara Marticorena, el borrador presentado por el gobierno parece en algunos de sus artículos ser un copiado y pegado de algunos convenios firmados durante los gobiernos kirchneristas, como es el caso del referido al banco de horas. Esto desmiente la noción de que durante los años de gobiernos kirchneristas la avanzada del capital contra el trabajo se frenada o se revirtiera.
Al mismo tiempo que establece cambios que exceden con mucho el objetivo declarado inicialmente de promover un “blanqueo laboral”, el gobierno encara también un drástico recorte del costo que el Estado impone a la patronal en términos de contribuciones a la seguridad social.
Junto con esto, el gobierno avanza en una reducción de costos laborales que pagan los empresarios recortando el nivel de los aportes patronales a la seguridad social. La alícuota para el sector de empresas que más paga hoy, se reduce de de 21 % a 19 % en 5 años, mientras que aumenta de 17 % a 19 % en el resto de los sectores; pero en todos los casos se va a producir una caída en el pago efectivo, porque la misma va a aplicarse sobre una parte del salario que disminuye progresivamente con el correr de los años. La introducción de un mínimo no imponible para las contribuciones patronales, excluye una parte creciente del salario del pago de cualquier impuesto. Para 2022 este será $ 11.500 pesos de poder adquisitivo de hoy, actualizados por inflación. Las contribuciones patronales se realizarán solo sobre la parte del salario que exceda dicho MNI. Como de acuerdo a la información del ministerio de Trabajo el salario medio de los trabajadores del sector privado es actualmente (junio 2017) de $ 23.787, esto significa de la contribución patronal se realizará desde 2022 en adelante solamente sobre un 52 % del salario. En los hechos entonces, las contribuciones patronales efectivas no van a ser de 19 %, sino de apenas de 9,9 %. De esta forma, la Argentina pasara en pocos años de estar entre los países que gravan por aportes patronales más elevados de América Latina, a competir por los primeros puestos entre los países de menor “cuña fiscal”, superando por bastante a México (donde los impuestos que paga el empleador llegan a 17 %).
En los hechos entonces, las contribuciones patronales efectivas no van a ser de 19 %, sino de apenas de 9,9 %.
Este recorte de los aportes patronales es una lisa y llana transferencia del Estado a las empresas; una porción de la plusvalía que estas hoy tributan al Estado, quedará en su manos. El costo fiscal en 2022 rondaría los $ 130 mil millones. ¿Sobre quién recaerá este costo? El gobierno ha manifestado que el tesoro nacional cubrirá la diferencia entre lo que se recauda hoy y lo que se deje de recaudar por las modificaciones que propone el proyecto (disposición que no se encuentra en el borrador difundido en estos días). Pero en los hechos, ya sabemos de dónde estarán saliendo los recursos: de los propios jubilados que, de acuerdo a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que se propone implementar el gobierno (para lo cual enviará otro proyecto de ley al Congreso), verán sus haberes congelados en el poder adquisitivo que tienen hoy (se actualizarán sólo a la par de la inflación). El ahorro que significaría para Anses el cambio de fórmula rondaría los $ 150 mil millones. Lo que el gobierno transfiere a los empresarios para bajar el “costo argentino”, lo saca en los hechos de los bolsillos de los jubilados que seguirán viendo cómo sus ingresos están muy lejos de la canasta de consumo y del salario promedio de los trabajadores activos.
¿Cual podría ser el costo del paquete macrista para los trabajadores?
La nueva avanzada macrista contra los derechos laborales apunta a 1) reintroducir todos los aspectos que durante las últimas décadas habían tenido alguna limitación, como es el caso de los regímenes de pasantías, 2) dar fuerza de ley a algunas prácticas ampliamente establecidas en algunos convenios sectoriales o de empresa; 3) dar un salto en la introducción de “novedades” que copian las contrarreformas laborales más recientes, como la de Brasil. Uno de los ejemplos en este último caso es el de la reducción de los costos de despido, y la creación de un fondo de específico que libera al empleador de las cargas de indemnizaciones.
Se aduce que esta reforma es necesaria para crear empleo y atraer inversiones. Pero gran parte de los beneficiarios de estas medidas, las grandes empresas que saludan las “audaces” reformas de Macri, ya manifiestan por lo bajo que los “desórdenes macreconómicos” (exceso de gasto público y endeudamiento, peso caro frente al dólar, demasiado gradualismo en el recorte fiscal propuesto) serán una nueva excusa para seguir posponiendo inversiones. Mientras siguen corriendo el arco para que llegue la hora de la ilusoria lluvia de inversiones, esta barrida de derechos laborales tendrá efectos palpables. Las empresas podrán aprovechar la nueva legislación para extraer mayor rendimiento a los salarios que pagan (es decir incrementar la tasa de explotación), porque podrán administrar mejor el tiempo de trabajo de los asalariados (que perderán derecho a horas extras y verán la duración de su jornada de trabajo sometida a los vaivenes dictados por el patrón). La mayor facilidad para despedir, que resultará sustancialmente más barato, podrá transformarse en una amenaza de peso a la hora de negociar salarios y condiciones de trabajo. De esta forma, de aprobarse el proyecto, la balanza de la relación capital trabajo se inclinará todavía más en favor de los primeros.
Mientras que la creación de empleo formal que tendrá una nueva invitación al blanqueo y el aumento de la contratación por el abaratamiento de costos resultan dudosas, lo que está fuera de duda es que el paquete de medidas resultará en un nuevo salto en la regresión social. No es casual que durante los años que siguieron a las reformas flexibilizadoras del menemismo, los trabajadores hayan visto caer de forma dramática su participación en el ingreso. Como ilustra el gráfico, entre 1993 y 1997, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional cayó de 42,5 % a 35 %, un retroceso de 7,5 puntos.
Esto tuvo como correlato un crecimiento equivalente de la participación de las ganancias en el mismo. Como mostramos en el libro La economía argentina en su laberinto, en el caso de las 500 más grandes empresas, en este mismo período los salarios promedios que pagaron cayeron, en relación a sus ganancias, un 40 %. Esto es el resultado de una profunda reestructuración productiva que incluyó despidos, pero también un incremento de la explotación de la fuerza de trabajo gracias a la avanzada flexibilizadora. El sueño del macrismo y del empresariado argentino es lograr ahora un nuevo salto en esta misma tendencia. Como ya señalamos esta no se revirtió durante los años de los Kirchner, pero todo lo logrado resulta insuficiente a la luz de las “modernizaciones” en las relaciones laborales que se vienen imponiendo en todo el mundo, desde Inglaterra y Francia hasta Brasil.
La ilusión de que una “cesión” en los derechos que conserva el colectivo trabajador en aras de atraer inversiones pueda ser una vía para mejorar los indicadores sociales, es simplemente eso, una ilusión. En los hechos, detrás de este relato neodesarrollista del macrismo está la necesidad del empresariado argentino (y de la burguesía extranjera que acumula capital en el país y gira ganancias a sus casas matrices) de imponer un abaratamiento de la fuerza de trabajo, pero no para la “liberación las fuerzas de la producción” como promete el borrador macrista, copiando la fórmula de José Alfredo Martinez de Hoz como ministro de Economía de la dictadura instaurada en marzo de 1976, sino sencillamente para asegurar la continuidad de las ganancias y la perpetuidad de las fugas y remesas de utilidades. En las condiciones impuestas por el globalismo neoliberal que el gobierno de Macri abraza de manera entusiasta a contramano de la pérdida creciente de consenso que este registra incluso en la principal potencia imperialista, la “vuelta al mundo” que se propuso cambiemos significa competir de manera descarnada por abaratarle los costos al capital global, en una verdadera carrera hacia el abismo. El resultado es que los trabajadores deben realizar un nuevo “renunciamiento” de aspiraciones para que el capitalismo dependiente argentino cotinue su círculo vicioso que no hace más que reproducir el atraso.
La primer tarea del movimiento obrero, junto a todos los demás sectores oprimidos, es proponerse derrotar las reformas pro-patronales que propone el gobierno.
Esteban Mercatante
@estebanm1870
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